Opinión
La Jornada Maya
02/12/2024 | Mérida, Yucatán
La edición del Diario Oficial de la Federación para hoy debe incluir cuatro decretos que firmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dos de los cuales inciden seriamente en el presupuesto de egresos por el carácter de entrega directa de recursos que poseen. Se trata de las pensiones para adultos mayores, ahora reconocidas como un derecho a partir de los 65 años, y también el derecho a una pensión para personas con discapacidad.
Detrás de ambos decretos hay un acto de justicia porque se trata de población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, independientemente de que se cuente con una red de apoyo y durante la vida laboral haya obtenido recursos que puedan calificarse como suficientes para llevar con dignidad la etapa de retiro. Por décadas, se ha aceptado que las personas que han obtenido una pensión o jubilación, por fuerza, disminuyen su poder adquisitivo. La más reciente reforma en materia de pensiones, por cierto, mantiene que éstas deben pagarse en Unidades de Medida y Actualización (UMA) en lugar de veces salario mínimo, que es la base sobre la cual se pagan aportaciones a los distintos sistemas de seguridad social. Desde ahí, se ha naturalizado que nadie pueda mantener los ingresos que se consiguieron como trabajador activo.
En cuanto a quienes tienen una discapacidad, es necesario distinguir que éstas son por nacimiento o adquiridas, y que en ambos casos hay un espectro muy amplio en cuanto a la afectación a la funcionalidad del cuerpo, y que también hay áreas de la estructura institucional en las cuales el acceso a las personas con alguna discapacidad es más fácil que para otras; aquí nos referimos a la posibilidad de acceder a la escolaridad, a un empleo o simplemente a la movilidad.
Es aquí cuando una pensión se convierte en un acto de justicia, aunque no modifica en mucho las adversidades que enfrentan tanto las personas de la tercera edad como las que viven con alguna discapacidad, y aquí cabe aclarar que estas no son condiciones mutuamente excluyentes; al contrario, el paso de los años suele estar asociado al deterioro de las facultades tanto físicas como mentales: la pérdida de la vista, la agudeza auditiva, la sarcopenia (pérdida gradual del tejido muscular) y el decremento gradual de la velocidad de los movimientos son parte de la vida, pero conforme van sucediendo, la persona va haciéndose cada vez más vulnerable y dependiente de otras.
El hecho de que las pensiones para estas personas estén ahora reconocidas como un derecho sancionado por la Constitución y que actualmente se destinen 27 mil 860 millones de pesos para la pensión del Bienestar para personas con discapacidad, repartidos entre un millón 484 mil 930 personas, debe considerarse todavía un primer paso. Los 3 mil 100 pesos bimestrales entregados representan, en palabras de Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, “garantizar por lo menos la compra de una canasta básica que nos permite estar por encima de la línea de pobreza”, pero falta todavía el acceso a una vida digna.
Así como se ha puesto por objetivo que las terapias para la población menor de 18 años sean gratuitas, aún se requiere fortalecer la infraestructura para ello. Esto porque las instituciones públicas que brindan esta atención suelen ser muy pequeñas para la demanda, operan con equipos de la década de 1980 o anterior, o ambas carencias. Muchos hacen lo que se puede con lo poco que se tiene y es más la aportación de cientos de médicos y rehabilitadores que la de las autoridades.
Por otro lado, la atención a una persona con discapacidad desde la infancia suele ser un esfuerzo titánico para cualquier familia, y raya en el heroísmo cuando esta tarea la realiza una mujer indígena en condición de pobreza. Por esto es también urgente el establecimiento de un sistema nacional de cuidados que sea un verdadero apoyo para la población que se dedica a atender a una persona con discapacidad o adulta mayor.
Queda pendiente, todavía, modificar el sistema educativo para que las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) dejen de ser un volado para las familias que recurren al sistema público. Igualmente, que se brinde atención también a los niños que requieren del apoyo de un monitor o “sombra” para desempeñarse regularmente en la escuela, y que sea posible continuar más allá de la secundaria. Para ello se requiere de una reforma a fondo.
En la península, Yucatán y Campeche superan la media nacional en sus poblaciones de personas con discapacidad. La agenda pública, a nivel local, ha estado sumamente distraída del tema, salvo tal vez la última década, aunque se ha quedado en actos para “hacer conciencia”, como iluminar edificios y hacer que los servidores públicos vistan de cierto color en fechas determinadas. Este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, inicia una etapa para estas personas, que esperamos sea de una verdadera transformación que les garantice una vida digna.
Edición: Estefanía Cardeña
