Opinión
Francisco J. Rosado May
02/12/2024 | Chetumal, Quintana Roo
Hace unos días se aprobó el presupuesto de ingresos 2025, para el país. Es requisito indispensable saber con cuánto se cuenta para después hacer su distribución, a través del presupuesto de egresos, del cual ya se conoce la propuesta inicial, que está a discusión en la Cámara de Diputados.
Independientemente de la crítica a las cantidades estimadas para determinar los ingresos del 2025, como el precio del petróleo o la paridad del peso con el dólar americano, su distribución en el egreso seguramente seguirá la misma tendencia, con recortes en algunos rubros e incremento en otros, tal y como reportan FUNDAR e IMCO (https://fundar.org.mx/publicaciones/analisis-del-paquete-economico-2025-nuevas-propuestas-menos-presupuesto / https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2024/11/Analisis-del-Paquete-Economico-2025_IMCO.pdf).
Al mismo tiempo se señaló que las universidades Benito Juárez sí tendrán un aumento presupuestal y se anunció un
decreto para que la universidad Rosario Castellanos sea una institución de carácter nacional. El Instituto Mexicano para la Competitividad reconoce que hay irregularidades en el manejo presupuestal en las universidades, pero la reducción del presupuesto no va a corregir las fallas, porque no se atienden las causas básicas y podría afectarse el derecho al acceso a la educación de calidad.
¿Tiene el gobierno, estatal o federal, los mecanismos eficaces para revisar no solo los números en el informe financiero que cada institución debe entregar a finales del ejercicio anual, sino las causas que explican el no logro de los objetivos que la presidenta señaló en la mañanera? Si tuviéramos profesionales formados con calidad y pertinencia, ¿por qué tenemos tantos rezagos en nuestro desarrollo social y económico? Se debe revisar, por ejemplo, los modelos educativos que implementan la especialización temprana; la no evaluación continua de académicos para su permanencia en la institución; el nombramiento de directivos sin perfil, sin experiencia, pero con recomendaciones políticas; la falta de mecanismos eficaces para suspender carreras e implementar otras; estos ejemplos y muchas más, resultan en operaciones costosas y poco eficientes en instituciones de educación superior. Adicionalmente, con mecanismos cuestionables para castigar las violaciones a derechos humanos u hostigamiento laboral o sexual.
Punto y aparte. Agradeciendo los comentarios
sobre la entrega de la semana anterior, doy respuesta a una pregunta. Sí, tengo tres casos en la Cdheqroo. Pero conociendo un poco el entorno, ¿qué atención darán a alguien que les rechazó una disculpa pública por mal procedimiento, que los llevó ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local y no salieron bien, y que les ha detenido una acción improcedente de cerrar un caso porque simplemente no les asiste ni la razón ni el derecho, contradiciendo su propio dictamen?
Es cuanto.
Edición: Fernando Sierra