Infonavit: ¿corrupción y ruido?

La agenda política de fin de año incluyó un tema que quedó latente en el Poder Legislativo: la iniciativa de reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),que fue aprobada por el Senado el pasado 13 de diciembre. El punto que más ruido ha hecho es el cambio pretendido en los órganos internos del Instituto, en los que el gobierno tendría mayor presencia, en detrimento de las representaciones de los trabajadores y los patrones.

La oposición en el Senado ha lanzado el grito de que las modificaciones permitirán que el gobierno acceda a las subcuentas del fondo, que son ahorros de los trabajadores, para disponer de ellas libremente. La suma existente, indican, es superior a los 2 billones de pesos, equivalente a una quinta parte del presupuesto a ejercer durante 2025.

Por parte del Ejecutivo, se alega que las reformas pretenden homologar el esquema de gobierno del Infonavit con el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y combatir la corrupción, porque la manera en que se encuentran repartidas las representaciones ha permitido que los sectores empresarial y de trabajadores favorezcan actos como la venta de una misma vivienda a varios derechohabientes.

El ejemplo utilizado tal vez no sea el mejor, si se toma en cuenta que a las constructoras les interesa vender las casas -lo que hace el Infonavit es pagar a la empresa y recupera el dinero invertido otorgando un crédito al trabajador -. El vender una misma casa a varias personas implica enfrentar otro tanto de demandas, y atenderlas en tribunales representa un gasto que terminaría por evaporar las ganancias, pero supongamos que el esquema está tan bien montado que el negocio sigue siendo rentable.

Lo que sí ocurre con mayor frecuencia es que se entreguen viviendas en cuya construcción se utilizaron materiales de menor calidad a los comprometidos, o que el “ahorro” implicó que partes de la casa no contaran con cimentación. Ahora, en voz de Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, nos enteramos de que las representaciones patronal y laboral se han opuesto a la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), llegando a ordenar a la anterior dirección general que presentara amparos contra los resolutivos de la ASF, lo cual se antoja por demás incongruente con el propio interés de esas representaciones. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado denuncias penales por los actos de corrupción detectados, y lo mejor que puede pasar es que se tengan los elementos suficientes para proceder contra las personas implicadas.

Porque si hay algo que se desea para el Infonavit es que sirva para el propósito para el cual fue creado y que está en su nombre: que sea pieza clave para que los trabajadores cuenten con un techo digno. Precisamente, por la combinación de varios intereses particulares, lo que se ha perdido en la última década es la vivienda social, porque ha dejado de ser negocio para las empresas constructoras.

Será beneficioso igualmente que en la Cámara de Diputados, donde se pospuso el análisis de la reforma aprobada por el Senado, se realice un diálogo en el que participen empresarios y sindicatos. Debe quedar claro de qué manera quedarán protegidos los ahorros de los trabajadores y que lo que resulte de la nueva normativa sea un Infonavit fortalecido en su función sustantiva, y libre de corrupción.

Edición: Fernando Sierra