Hubo un momento, es cierto, en el que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, encabezada por Hugo López-Gattel, estaba al frente y en primera línea de las decisiones sobre el manejo de la pandemia del COVID-19. Ese tiempo ya quedó atrás.
Fueron los tiempos en los que se dijo que el pico de la pandemia ocurriría entre el 6 y el 8 de mayo y las pérdidas de vidas humanas no excederían los 6 mil. Incluso, alguien puso el presidente de la República a comunicarnos ese pronóstico que falló de manera imperdonable. Después pasó lo que pasó y sigue pasando.
Luego, desde principios de junio, la Secretaría de Salud Federal y la respectiva Subsecretaría, se hicieron a un lado del manejo directo de la pandemia -muchos los acusaron de lavarse las manos- y se creó el famoso Semáforo Epidemiológico.
Desde ese momento, la Federación mantuvo la tutela en el manejo de los hospitales del IMSS, ISSSTE y otros organismos, pero descargó en los estados – de manera debida o indebida- sus responsabilidades respecto a tomar las acciones sobre cuándo y cómo reabrir la economía y dar inicio a la reactivación social en general. La federación creo el término de “la nueva normalidad”, sin embargo, dejó a cada estado decidir qué camino seguir para llegar a ella.
En ese marco, hoy por hoy, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es un mero recopilador nacional de datos y emisor de recomendaciones genéricas (lavarse las manos, evitar aglomeraciones, comer sano, etc.). Desafortunadamente, la Subsecretaría y su titular han asumido un complicado papel de comentaristas protagónicos de la lucha contra el COVID-19, justo cuando han renunciado a ser los diseñadores y ejecutores de las decisiones reales.
Ahora, los gobiernos de los estados y municipios son los que se han visto obligados a tomar las decisiones centrales sobre cómo enfrentar a la pandemia y sus contagios, tomando el pulso al sentir social y productivo, informándose de primera mano, con datos frescos y lo más completos que se pueda. Así, los estados requieren que la Federación los acompañe abriendo sus capacidad hospitalaria de forma efectiva, con servicios y doctores absolutamente comprometidos con la comunidad y con funcionarios federales poniendo ejemplos tan obvios como usar el cubrebocas.
No hace falta, ni ayuda en nada, que una Subsecretaría y su titular decidan calificar un esfuerzo estatal o municipal desde la distancia, con datos desfasados, con asignaciones erróneas sobre los municipios que pertenecen a un estado (Cozumel no es parte de Yucatán, por ejemplo) y demás problemas de recopilación diaria de información estadística.
Cuando alguien se hace a un lado para que otro asuma el timón, lo mínimo que se espera son las ganas de sumar por parte del que suelta la batuta; jamás esperaría uno el impulso incontenible de juzgar, con información “inconsistente”, al que tuvo que entrar a hacer la tarea.
La Subsecretaría federal de Prevención y Promoción de la Salud decidió ser ante todo espectadora de la vuelta a la normalidad, pero se quedó con un micrófono muy poderoso, un micrófono que sería ideal se usara para guiar, dar tranquilidad, certeza e información precisa y verificada a la ciudadanía. Un micrófono para auxiliar y complementar los esfuerzos locales.
No olvidemos que los que están en la cancha haciendo las cosas reales y calibrando las decisiones diarias somos los ciudadanos de cada estado y municipio, acompañados de las instituciones locales con sus recursos y personal limitados, si los comparamos con los federales.
La lucha para equilibrar la preservación de la salud de todos, sin quebrar la economía, la estamos dando en las comunidades peninsulares, no en una lejana capital. Ojalá los espectadores con micrófono se sumaran más a los que están batallando y ejecutando decisiones en la cancha. La vuelta a la normalidad, sin arriesgar inútilmente vidas, demanda de esa mínima unidad.
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