Entre defender al 'Mayo' y la soberanía nacional

El 25 de julio de 2024, se supo que Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, fueron detenidos en El Paso, Texas.

Desde un principio, y dado que en ningún momento se dio a conocer la participación de agentes de los cuerpos de seguridad mexicanos, fue evidente que la operación para el arresto de ambos personajes había sido irregular. Las autoridades nacionales terminaron reconociendo que Zambada fue secuestrado por Guzmán López, quien de esta forma lo llevó de manera ilegal a Estados Unidos.

De que Zambada y Guzmán López tienen cuentas pendientes con la justicia internacional por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la asociación delictuosa en varios países, eso es innegable. La semana pasada, la defensa del primero circuló una carta enviada al gobierno mexicano, en la que el histórico capo pide ser repatriado [aunque el término apropiado es “extraditado”], así como acceso al derecho de asistencia consular.

Es obvio que la misiva en cuestión fue redactada por el equipo legal de Zambada, que justifica la petición apoyándose en diversos tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en precedentes jurisprudenciales, y es precisamente por ese sustento que la solicitud representa una dificultad que deben resolver la diplomacia y la Fiscalía General de la República, entre otros.

En realidad, El Mayo, en tanto ciudadano mexicano, tiene todo el derecho a solicitar la intervención del cuerpo diplomático nacional, tanto para ser asistido en su defensa como para que se revise el proceso de su aprehensión. Lo que está en juego es que la omisión o inacción de la representación mexicana establecería el precedente para que cualquier connacional pudiera ser detenido por autoridades de otro país extraterritorialmente, y esto sin necesidad de que participen agencias gubernamentales, pues bastaría con lanzar cazadores de recompensas, cuya operación no es reconocida de modo universal.

Dicho de otra manera, la justicia no puede impartirse sobre la base de una operación irregular e ilegal por parte de las agencias del Estado, trátese de cualquier país. Una cosa es que la persona sea reconocida como delincuente y objeto de interés para el aparato judicial, y otra muy distinta que se le haga comparecer en tribunales sin que exista una actuación arreglada a un protocolo, que pasa por la emisión de órdenes de aprehensión o ser detenido en flagrancia, y en caso de ser requerido por otra nación, que se lleve a cabo el debido proceso de extradición.

En este momento, la dificultad estriba en que quien demanda la intervención del Estado Mexicano es alguien que tiene órdenes de aprehensión en México, pero además está la determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declarar a varios cárteles como organizaciones terroristas. Esa declaratoria es unilateral y no debiera ser sustento de una intervención de las agencias estadunidenses, llámense DEA, CIA o FBI, en territorio mexicano. Ese es el punto en el cual prima la defensa de la soberanía, no la del Mayo. Se trata, pues, de sentar el precedente de que ningún mexicano puede ser llevado ante autoridades judiciales de otro país sin que se cumpla con una detención en regla.

Como en otras ocasiones, la oposición al gobierno mexicano intenta lucrar con la carta, esparciendo el dicho de que la presidenta Claudia Sheinbaum buscará proteger al Mayo porque existen supuestos pactos previos; lo que pueda decir Zambada en un juzgado de Estados Unidos tendrá la misma credibilidad que otros que han estado en la misma situación, incluyendo a Genaro García Luna y a Joaquín El Chapo Guzmán.

Se trata entonces de hacer que las detenciones de narcotraficantes y cualquier criminal que sea de interés para otro país, se hagan conforme a derecho, y que en todo caso se lleve a cabo el procedimiento de extradición. La justicia no se alcanza si para llevar a los delincuentes a los juzgados se necesita cometer un crimen; eso le quita legitimidad a cualquier causa judicial, así se trate de uno de los más reconocidos capos.

Edición: Estefanía Cardeña