¿Solamente Silvano Aureoles?

Como otros gobernadores, del pasado y del presente, de todo el abanico partidista, Silvano Aureoles Conejo utilizó el dinero público para ocurrencias, financiamientos electorales y abiertas corruptelas.

Perredista impulsado por Enrique Peña Nieto para ser gobernador de oposición, terminó políticamente de manera grotesca, pretendiendo realizar actos de protesta sentado en un banquito afuera de Palacio Nacional. Se extinguió su referencia política, el Partido de la Revolución Democrática (fue parte de la facción en la que participó activamente Amalia García, también pésima gobernante, permisiva en Zacatecas con grupos delictivos, con una hija, Claudia Corichi, como orgullo de su nepotismo, y quedó virtualmente en el desamparo, si acaso tratando de apoyar, lo que resultaba en todo lo contrario, las diluidas aspiraciones presidenciales de Xóchitl Gálvez).

Bajo orden de aprehensión, con varios de sus ex colaboradores ya apresados, Aureoles Conejo podría constituirse en testimonio de una voluntad política y judicial de castigar a ocupantes de cargos públicos claves que hubieran cometido irregularidades graves, abierta corrupción y abuso del poder. En el propio Michoacán hay tela de donde cortar en anteriores administraciones perredistas y en la actual morenista, con Alfredo Ramírez Bedolla. En otras entidades hay ejemplos también punibles, tanto de ex mandatarios (protegidos algunos con mantos diplomáticos y legislativos) como de actuales ocupantes de palacios estatales (y, desde luego, en casos de impunidad escandalosa como Segalmex).

Ya se verá si la acción judicial contra Silvano tiene de contexto su ex perredismo, e incluso la necesidad selectiva, con vista al norte, de mostrar energía contra ciertos políticos corruptos o es el inicio de algo que alcance también a personajes de la hegemonía reciente y de la actual.

Alfonso Ramírez Cuéllar forma parte de la corriente de legisladores plenamente identificada con la presidenta Sheinbaum. Es probable que él llegara a ser el coordinador de los diputados federales de la 4T si no se hubiesen debido cumplir acuerdos de campaña interna morenista en la persona de Ricardo Monreal. Ahora, Ramírez Cuéllar (aspirante a gobernar su natal Zacatecas) encabeza el intento de revertir desde San Lázaro la decisión de Adán Augusto López y Manuel Velasco de posponer hasta 2030 las reglamentaciones contra el nepotismo sucesorio que propuso Sheinbaum. Habrá de verse si prospera ese intento de restaurar la iniciativa original de la presidenta de la República o se mantienen los arreglos del otro coordinador legislativo impuesto por las circunstancias del corcholatismo, el tabasqueño López Hernández.

Por su parte, el senador morenista Félix Salgado Macedonio esgrime la letra constitucional que establece que todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar y a ser votado: ¿cómo le borro?, ¿cómo le quito esa garantía individual a las personas? No puedo. El 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo.

Salgado Macedonio, aspirante a suceder a su hija Evelyn en el gobierno de Guerrero, asegura que Ruth González Silva, esposa del mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, será candidata por el Partido Verde Ecologista de México y que Saúl Monreal, hermano de David, el actual gobernador de Zacatecas, será postulado por el Verde y el PT, mientras aquí el tarugo de Guerrero (señalándose a sí mismo: nota astillada), como es de Morena, pues no va a ser, porque le van a poner un candado que diga que no puede ser el familiar de la gobernadora candidato.

Y, mientras Donald Trump decide hoy la talla y la cuantía de los aranceles a imponer, luego de los cumplimientos mexicanos llevados al extremo de la expulsión (no extradición) de territorio nacional de 29 criminales, ¡hasta mañana, con un periodista más asesinado: Kristian Uriel Martínez, en Silao, Guanajuato!