Opinión
La Jornada Maya
02/04/2025 | Mérida, Yucatán
José Pablo Abreu Sacramento*
En el mes de marzo, el Congreso del Estado cumplió con el mandato de ajustar la manera en la que se designan a jueces y magistradas en Yucatán para que, a partir de ahora, sean electas mediante voto popular.
Atrás quedó la discusión sobre si este esquema de selección es mejor que el anterior. También dejó de ser tema de debate si ésta es la reforma judicial que se necesitaba para atender los problemas de nuestro sistema de justicia o si había que enfocarnos en otros temas.
Hoy, en México y en Yucatán, la selección de personas juzgadoras es mediante el voto popular. Así lo establece la Constitución.
Bajo esta nueva realidad, es importante que la sociedad yucateca se informe, pues estamos ante una elección novedosa y compleja, para que después pueda analizar su voto y participar en el proceso electoral extraordinario por el que se elegirán a integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina de nuestro estado, a titulares de juzgados y tribunales federales, así como a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Alrededor de esta elección se ha hecho mucho ruido y la polarización ideológica también ha estado presente. Pese a ello, debemos hacer una pausa, bajar el volumen de esa discusión, para estar en condiciones de dimensionar la relevancia del proceso y las consecuencias de participar o no en él.
Hay que recordar que el sistema de justicia permite que toda persona pueda encontrar una vía para solucionar los conflictos que enfrenta con otras personas.
Además, el sistema de justicia fortalece la paz social, al evitar que caigamos en la necesidad de hacer justicia por cuenta propia, y las reglas de un juicio permiten equilibrar aquellas desigualdades que en la vida cotidiana podían existir entre las partes involucradas en una controversia.
En ese sentido, es necesario que bajo el nuevo modelo de selección se fortalezca la independencia y profesionalismo de juezas y magistrados.
La independencia de juezas y magistrados asegura juicios imparciales, sin favoritismos para una de las partes.
El profesionalismo permite claridad y solidez en las sentencias, lo que se traduce en seguridad para las partes de que el fallo ya no cambiará aún al impugnarse en otra instancia.
Así, la presencia de estas cualidades en los jueces y magistradas garantiza los derechos de las personas en aquellas controversias familiares que tanto abundan, en esos casos patrimoniales o comerciales de los que alguien cercano es parte, en las disputas laborales entre patrones y trabajadoras, así como en los juicios penales en donde se decide sobre la culpabilidad o inocencia de alguna persona y la reparación del daño a una víctima.
Descuidar el proceso, no prestarle atención o acompañarlo, no salir a votar sólo aumenta las posibilidades de que se descuide la independencia y profesionalismo de las próximas juezas y magistrados y estas personas serán electas, en general, por nueve años. Es decir, habrá que esperar nueve años para poder hacer ajustes a la manera en que se imparta justicia en Yucatán.
Y quiero ser claro, no es mi intención minimizar las muchas áreas de oportunidad que tiene nuestro sistema de justicia y ya habrá oportunidad de hablar de ellas, revisarlas y trabajar para mejorarlas. Pero ello no debe desalentar la participación ciudadana en el proceso.
La democracia se fortalece cuando la ciudadanía se interesa en los asuntos públicos e interviene de manera informada y responsable.
Yucatán cuenta con una fuerte tradición de participación ciudadana en las elecciones tanto en porcentaje de votación, como en la observación electoral y las mesas directivas de casilla, por lo que, si queremos fortalecer nuestro sistema de justicia, este 1º de junio tenemos una nueva cita cívica.
*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Lea, del mismo tema:
Edición: Fernando Sierra
