La batalla por el (no) ejercicio del voto

A menos de dos semanas de que se celebre la inédita elección del Poder Judicial de la Federación por vía del sufragio universal directo, ya es posible distinguir los factores que representan una dificultad seria para llevar a cabo periódicamente un ejercicio del mismo calibre. Agreguemos que se tratará de comicios concurrentes, pues los estados harán lo propio con sus Tribunales Superiores, su propio Tribunal de Disciplina e incluso sus Juzgados de primera instancia.

La historia da cuenta de que fue la Revolución, a partir de que fuera promulgada la Constitución de 1917, la que interrumpió la elección de jueces y magistrados tanto en la esfera local como en la nacional. Volver a este sistema, sin embargo, no es tarea fácil, principalmente por el crecimiento que ha experimentado el Poder Judicial desde entonces. En los estados, hemos pasado de los tres jueces para el ramo criminal y otros tres para el civil, y tres magistrados, a contar por decenas el número de juzgadores por materia, aparte de que éstas se han ampliado por la misma evolución y especialización que ha tenido el Derecho en el último siglo. 

Si en el porfiriato, un período sobre el cual pueden tenerse muchas dudas con respecto a la cantidad de personas que acudían a las urnas, ya se requería de dos días consecutivos para llevar a cabo las votaciones, dedicando el sábado al Ejecutivo y Legislativo y el domingo a jueces y magistrados, lo que se espera para el 1 de junio es un ejercicio sumamente complejo para quienes se presenten a votar y para quienes estarán a cargo de brindar certidumbre sobre los resultados.

Esa misma profusión de cargos a elegir terminará por inhibir la participación ciudadana, por lo que sí resultará válido cuestionar cuál sería el porcentaje mínimo del padrón electoral aceptable para considerar exitosa la elección. En los últimos años, para elecciones presidenciales, se volvió habitual el reporte de más de 30 millones de ciudadanos ejerciendo su derecho a votar, y eso es lo que legitima a quienes resulten beneficiados por el sufragio.

Pero también debe tomarse en cuenta que sí existe una campaña más o menos articulada por parte de la oposición, consistente en llamar a no votar. Curiosamente, este movimiento, más que fortalecer la democracia que presuntamente está en riesgo, aprovecha el espíritu débil de no pocos para socavarla desde uno de sus principios fundamentales: la experiencia de la ciudadanía.

Quienes se reconocen como parte de la nación mexicana, participantes en la toma de decisiones en la vida política, deben admitir que a un número de derechos corresponde un tanto igual de obligaciones. En este caso, para ejercer el derecho a votar por ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), magistrados de Circuito, jueces de Distrito, y los funcionarios jurisdiccionales de su localidad, corresponde primero informarse. Esto es difícil, pero no imposible. Haría falta, para 2027, que debe completarse el proceso de renovación, diseñar mecanismos para facilitar el acceso a los perfiles de los candidatos y sobre todo difundir qué hace cada titular de uno de estos cargos.

Pero cuando se argumenta sin fundamento que la elección ya está hecha porque ya hubo amaño en la tómbola o por la dificultad para informarse, lo que se promueve es una ciudadanía minimizada, porque la resultante será una que, al votar por consigna o no acudir a las urnas, habrá renunciado también a exigir la rendición de cuentas a los funcionarios electos.

El tiempo que se destinará a votar será un nuevo desafío. Será momento también de procurar centros de votación amplios, en los que puedan instalarse varias mamparas para que la ciudadanía reduzca la espera en filas y bajo el rayo del sol, algo que resulta inhumano hasta para los funcionarios de casilla y observadores. Aquí, debe aplaudirse la promoción del voto anticipado de personas adultas mayores, con discapacidad y sus cuidadores, pues se les evita una exposición ambiental que podría resultar dañina a su salud.

Ahora, la recomendación más básica que puede hacerse es llevar, ya preparada, la lista de candidatos propios para cada cargo y, para evitar la comisión de un delito electoral, llevársela de nuevo a casa una vez cumplido el deber de sufragar. Eso será ampliar la propia politización, necesaria para el ejercicio de la ciudadanía.

[email protected]

Lea, de la misma columna: Justicia, pueblo y el 1 de junio

Edición: Fernando Sierra