Opinión
La Jornada Maya
18/05/2025 | Mérida, Yucatán
Siendo rigurosos, la justicia implica dar a cada quien lo que le corresponde, y de acuerdo con la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, “históricamente se ha atendido al que tiene dinero, y al pobre no se le hace justicia”. Esta percepción es compartida por millones de personas, muchas de las cuales no han tenido contacto con el Poder Judicial.
También es verdad que quien ha tenido que recurrir a los tribunales, independientemente de la instancia, se encuentra en una situación extraordinaria, y ésta es una experiencia que no comparten todos los habitantes de un país. El ser demandado por cualquier vía: civil, penal, mercantil, familiar, etcétera, para muchos es excepcional y tampoco es muy probable que la misma persona viva esta circunstancia más de una vez en la vida.
Independientemente de la cantidad de personas que hayan sido parte de un procedimiento judicial, quienes junto con sus representantes legales son quienes mejor podrían dar cuenta de cómo ha funcionado, o no, el sistema, la impartición de justicia no hallaría aprobación en una encuesta de percepción, y esto porque por distintos medios han permeado más las notas mediante las cuales se siembra la sospecha de que detrás de las decisiones de los jueces están intereses políticos, económicos, o de ambos; en otras palabras, que están guiadas por corrupción o por consigna.
Cabe recordar que, a raíz de la constante tensión que hubo entre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), surgió la propuesta que derivó en reforma constitucional a fin de que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación sean electos por voto popular, al igual que los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y que una vez aprobado este cambio, los estados debieron adecuar su marco normativo para que se repita este ejercicio a nivel local; de manera que el próximo 1 de junio tendrá lugar una elección extraordinaria de la cual resultará una nueva integración de la Corte, Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Superiores de Justicia en los estados, y los Tribunales de Disciplina, tanto federales como de cada entidad federativa.
A pesar de lo novedoso del proceso, se espera una participación menor al 25 por ciento en todo el país, y esto obedece a varios factores. En principio, debemos contemplar y aceptar la falta de información con respecto al mismo, que por un lado ha sido limitada por las vías que se impuso a los candidatos para hacerse publicidad, pero también a la cantidad de cargos en disputa, lo que conduce al segundo mayor factor: para que la ciudadanía ejerza un voto informado, se le exige revisar por lo menos 200 perfiles. Agreguemos que lo mencionado al principio: quien ha sido parte de un procedimiento judicial ha vivido una situación extraordinaria y a la vez limitada, pues sólo puede referir lo experimentado en un juzgado de primera instancia y de una materia específica, tal vez un Tribunal Superior, y en caso de haber recurrido al amparo, a un Juzgado de Distrito; no necesariamente atraviesa toda la cadena de revisiones que ofrece el sistema.
Otro elemento a tomar en cuenta es la campaña de desprestigio que por diversos medios se realiza contra el proceso electoral, alegando que éste se encuentra amañado de origen, o que todas las candidaturas han pasado por el tamiz de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), actual partido hegemónico. Esta campaña ha incluido llamar a no votar, lo que, aunado a la apatía para averiguar qué se hace en cada nivel de la judicatura y la falta de información accesible -fuera de los portales del Instituto Nacional Electoral y los organismos locales (OPLE), resulta en la inhibición de la participación ciudadana.
Y el gran tema será precisamente la ciudadanía. Resulta un contrasentido llamar a la defensa de la democracia a través de la abstención. Esto equivale a debilitar a la nación, es decir, a la proporción de la población que participa en la vida política mexicana. La Presidenta, en su mensaje, sentenció que el pueblo de México decidió (a través de sus representantes electos, que conforman el Legislativo) que ahora él mismo elegirá al Poder Judicial. Esto es ampliar la nación, porque es ejercer un derecho ciudadano, y dejar de responder a la convocatoria no es solamente renunciar a éste, sino también abrir la posibilidad a que otros intereses se adueñen de la elección.
Tal vez lo más grave de una baja participación resulte el reflejo de que se tiene una población muy poco dispuesta a conocer a quienes deberán encargarse de los diferentes aspectos de la impartición de justicia en el país; sería volver a la época del porfiriato cuando aún se creía que los mexicanos no estábamos preparados para la democracia.
Edición: Fernando Sierra
