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Foto: Captura de pantalla

La publicación del video de MrBeast, grabado en zonas arqueológicas de Campeche y Yucatán, ha encendido un debate necesario sobre los límites entre la promoción turística y el respeto al patrimonio cultural. Con tomas de dron, el uso de un helicóptero y el acceso a áreas restringidas en sitios como Calakmul y Chichén Itzá, el contenido ha alcanzado miles de vistas en días. Pero la viralidad no puede eclipsar lo esencial: el patrimonio no es decorado, y su uso indebido exige explicaciones claras.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores asumió públicamente la responsabilidad por permitir la grabación en Calakmul sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Justificó su decisión como una estrategia de promoción turística. Su franqueza es inusual en la política mexicana, pero no por ello menos preocupante: admitir que se ignoraron los procedimientos del INAH en un sitio declarado patrimonio mixto de la humanidad confirma que se actuó fuera del marco legal que protege nuestro legado cultural y ambiental.

El INAH, por su parte, ha iniciado un procedimiento administrativo contra la productora de MrBeast por incumplimiento de los permisos otorgados. Según la dependencia, hubo violaciones en el uso de espacios y equipos —incluido el helicóptero— y se ingresó a zonas no abiertas al público. Esta acción institucional es necesaria y debe conducir a una revisión más estricta de los criterios para otorgar este tipo de permisos, especialmente cuando está en juego el equilibrio entre conservación, promoción y respeto.

En Yucatán, el video incluye escenas filmadas en Chichén Itzá, uno de los sitios más emblemáticos y protegidos del país. El gobernador Joaquín Díaz Mena presumió en sus redes sociales la visita del influencer y su equipo, celebrando su presencia como una oportunidad de promoción internacional. A diferencia de su colega de Campeche, hasta ahora no ha dado detalles sobre si su gobierno facilitó la grabación o bajo qué condiciones se permitió el acceso al sitio arqueológico. En medio del creciente cuestionamiento social, esta falta de transparencia alimenta dudas legítimas: ¿Qué tipo de acuerdos hubo? ¿Se consultó al INAH? ¿Hubo beneficios para las comunidades locales?

Estas omisiones contrastan con el trato que reciben habitualmente los visitantes comunes. En fechas recientes, turistas nacionales y extranjeros han sido sancionados —y hasta agredidos verbalmente por otros visitantes— por intentar subir a estructuras como la pirámide de Kukulkán. ¿Por qué, entonces, se permitió a un equipo de producción con millones de seguidores filmar en espacios cerrados y con recursos técnicos especiales? Esta doble vara erosiona la confianza ciudadana y transmite un mensaje inaceptable: el patrimonio es intocable… salvo que seas famoso.

Es importante subrayar que no se trata de rechazar la presencia de figuras internacionales. La difusión de nuestra riqueza cultural es deseable, pero debe hacerse con reglas claras, equitativas y públicas. ¿Hubo pagos? ¿Quién pagó? ¿Cuánto costó? ¿Se respetaron los protocolos de conservación? ¿Se involucró a las comunidades indígenas que habitan estas zonas? Son preguntas fundamentales que siguen sin respuesta.

El video de MrBeast es un producto audiovisual global, pero el patrimonio que muestra es local, ancestral, y colectivo. El espectáculo ya fue transmitido. Ahora toca a las autoridades federales y estatales rendir cuentas. No por censura ni por castigo, sino por respeto a lo que somos y a quienes nos precedieron.
La cultura no se presume, se protege.

Y su valor no puede medirse en vistas, sino en el compromiso con su preservación.
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Edición: Estefanía Cardeña


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