Opinión
La Jornada
21/05/2025 | Ciudad de México
Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor principal de la jefa de Gobierno, Clara Brugada,
fueron asesinados ayer por la mañana en la alcaldía Benito Juárez de la capital. Hasta el cierre de esta edición, sólo se conoce que los asesinos se desplazaban en una motocicleta que supuestamente fue hallada horas después en las inmediaciones. En la vecina Iztacalco se localizó una camioneta que habría estado involucrada en el crimen.
El atentado, que supone un fuerte golpe contra la oficina de Brugada e, indirectamente, contra el gobierno federal y el conjunto de la Cuarta Transformación, fue del todo inesperado y cimbró al gobierno de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, quien recibió las condolencias y el respaldo solidario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se expresó consternada por la pérdida de compañeros entrañables que la acompañaron en casi toda su trayectoria política, desde que fue legisladora y luego alcaldesa de Iztapalapa. Asimismo, se comprometió a esclarecer lo ocurrido, a que no haya impunidad y a que el caso se investigue "con el mismo rigor con el que las autoridades de seguridad e impartición de justicia realizan su trabajo todos los días".
Al margen de lo que revelen las urgentes indagatorias –las cuales deben efectuarse de manera transparente, meticulosa e intachablemente apegadas a derecho–, el crimen tiene un impacto político insoslayable. Sin embargo, este hecho no justifica ni atenúa la mezquindad de quienes han convertido el asesinato en un pretexto para la desinformación, el sensacionalismo y el amarillismo más despreciables, los mismos que han enlodado la tragedia de dos cadetes del buque escuela Cuauhtémoc con especulaciones y mentiras que no envilecen a las víctimas, sino a los propios propagadores de infundios. Difundir versiones sin más fundamento que el afán de notoriedad y el golpeteo político es un uso execrable de la libertad de expresión que no contribuye al debate público y, por el contrario, sabotea el derecho a la información.
En espera de datos reales y verificables acerca de los móviles del asesinato, cabe lamentar la pérdida de estos dos servidores públicos y condenar sin reservas el designio criminal que condujo a sus muertes. Por su parte, las autoridades deben tener presente que la mejor forma de atajar las especulaciones malintencionadas y rendir homenaje a las víctimas consiste en el esclarecimiento pleno de los sucesos y la localización, captura y presentación ante la justicia de los responsables intelectuales y materiales.
Edición: Estefanía Cardeña
