Opinión
La Jornada
10/06/2025 | Ciudad de México
El domingo, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) del gobierno de Chiapas sostuvieron una refriega durante varias horas con presuntos miembros del crimen organizado en las inmediaciones de Ciudad Cuauhtémoc, fronteriza con Guatemala. De acuerdo con el relato de las FRIP, al verse superados los delincuentes se replegaron hacia ese país vecino con algunos uniformados como rehenes, por lo que los pakales cruzaron la línea divisoria con el propósito de rescatar a sus compañeros.
El gobernador de Chiapas, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, intentó justificar la incursión indebida con el argumento de que las autoridades de seguridad de Guatemala se encuentran coludidas y al servicio de la delincuencia organizada, como se podría apreciar en un video en el que fuerzas guatemaltecas permanecen inmóviles mientras los supuestos criminales se internan en su territorio.
El incidente se produjo en un contexto de deterioro de la situación de seguridad en todo Chiapas y, en particular, en las comunidades fronterizas o ubicadas sobre vías de comunicación que se dirigen a Centroamérica. Durante meses, los ciudadanos han quedado a merced de las bandas que se disputan el control de esta zona por donde transcurren al menos cinco rutas terrestres, una aérea y una marítima por las que se trasiega droga hacia Estados Unidos, y tanto los habitantes como organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado cómo la presencia de los cárteles vuelve imposible la vida cotidiana.
La frontera es, en ambas direcciones, un facilitador de la actividad delictiva, pues se trata de una división volátil, porosa, extremadamente difícil de controlar debido a la naturaleza selvática y montañosa de la región y que ha sido testigo de grandes movimientos irregulares de población al menos desde la década de 1980, cuando la brutal embestida de las dictaduras militares contra los pueblos indígenas obligó a centenares de miles de guatemaltecos a buscar refugio a este lado del Suchiate.
El actual gobierno de Guatemala, aunque progresista y bienintencionado, padece todo tipo de complicaciones para afianzarse y encara el acoso constante de los grupos oligárquicos causantes de la violencia pasada y de la sempiterna pobreza que sufre la gran mayoría de la población.
Lo cierto es que la incursión de la FRIP no sólo violentó el derecho internacional, sino que arriesgó la creación innecesaria de un conflicto con una administración con la cual México se relaciona en los mejores términos. Como lo señaló ayer mismo
la presidenta Claudia Sheinbaum, "no está bien". El entendimiento entre los respectivos ejecutivos federales ha conjurado por el momento una escalada indeseable tanto para Guatemala como para México, pero es necesario garantizar que estos hechos no se repitan.
El mandatario chiapaneco debe deponer su actitud de confrontación con el país vecino, recordar que los asuntos bilaterales son competencia de la Federación, esclarecer sin dilaciones lo ocurrido y revisar los protocolos de actuación de los pakales. Esta corporación, creada por Ramírez hace apenas seis meses en respuesta a la coyuntura de inseguridad descrita arriba, se ha ganado ya señalamientos por abuso de autoridad, agresiones contra los ciudadanos, violaciones a los derechos humanos e incluso colusión con grupos delictivos, pese a lo cual se mantiene como insignia de la estrategia de seguridad del gobernador. Si éste se encuentra convencido de que su proyecto estrella es el indicado para devolver la tranquilidad a sus conciudadanos, habrá de depurarlo a fin de que se conduzca con apego a las normas y se abstenga de actuar al margen de la ley; en este caso, de la legalidad internacional.
Edición: Estefanía Cardeña
