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Las redadas violentas sin ningún respeto a los procesos migratorios ni a los elementales derechos a la dignidad humana de miles de personas, vejados sin importar su edad, sexo, e incluso condición laboral, agravado aún más con la represión mediante fuerza excesiva a quienes se manifestaron contra esos abusos en los Ángeles, han dañado no sólo a la administración Trump, sino al país referente de la democracia y la legalidad de todo el capitalismo.

En la época contemporánea han habido manifestaciones populares que degeneraron en violencia y saqueos, como reacción popular, casi siempre por abuso policial contra algún afrodecendiente, pero ahora los abusos han sido contra miles de seres humanos, sin que exista ningún incidente, sino como parte de la política antiinmigrante del presidente estadunidense Donald Trump, llevada al extremo.

Redadas en centros de trabajo, en escuelas, establecimientos públicos y en domicilios sin ninguna orden judicial. Lo más grave, sin un mínimo de criterio y de humanidad, poniendo esposas a niñas y niños, rompiendo puertas de hogares o cristales de automóviles para sacar a rastras a mujeres y hombres por el pecado de ser latinos.

Ante la indignación ciudadana, la respuesta de la administración Trump es criminalizar a quienes se manifiesten calificando la genuina expresión de rabia, impotencia e inconformidad como insurrección. Trump no tuvo empacho en desplegar a 700 marines sumados a los 4 mil elementos de la Guardia Nacional, para “proteger” al ICE contra niños y niñas a los que detienen, o gente honorable con muchos años viviendo en California, específicamente en los Angeles, dueños de comercios y empresas de origen latino.

Los abusos y atropellos de la administración Trump han desfigurado a los Estados Unidos, cuya imagen de “paladines” de la democracia y la justicia ya es insostenible. Las balandronadas de los congresistas republicanos que sostienen a Trump pesan lo mismo que la tibieza o indiferencia de los demócratas que voltean la cara hacia otro lado y  se preocupan por el costo del despliegue de soldados y camiones blindados contra gente indefensa, lo cual contrasta con el gobernador demócrata de California, Gavin Newson que se ha opuesto a las acciones anti inmigrantes y el empleo de la fuerza contra manifestantes, e incluso denunció ante el poder judicial a Trump porque usó a la Guardia Nacional californiana para reprimir a sus ciudadanos sin su consentimiento, lo cual exige la ley.

En lo local

La lógica que se impone en el gobierno Verde-Morena de Quintana Roo es la de los negocios, no la del bienestar de la población. Por eso lo importante son los contratos, y los moches que implican, no las obras, por consiguiente la calidad, operación y mantenimiento importan poco o nada. Obras de drenaje pluvial de Chetumal inoperantes, 20 camiones para recoja de basura imperceptibles, la lista es larga como publica en sus redes el ex regidor Francisco Ortega. La inseguridad y la presencia del crimen organizado en todos los rincones del Estado es inocultable. En los polos turísticos es la venta de estupefacientes, robo, secuestro, derecho de piso, feminicidios, homicidios, trata de personas, y en el resto, incluyendo la paupérrima zona maya, trasiego, narco laboratorios, trafico de armas, levantones y también robos y homicidios. Menos mal que es un gobierno humanista con corazón feminista. En fin son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡Hasta la próxima!

Edición: Fernando Sierra


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