Opinión
La Jornada
19/06/2025 | Ciudad de México
El martes pasado, un amplio grupo de colectivos de buscadores de personas desaparecidas celebró una nueva mesa de trabajo con un equipo gubernamental encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, e integrado además, entre otras dependencias, por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Agencia de Transformación Digital y la Fiscalía General de la República.
A decir de las organizaciones (el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que agrupa a más de 90 colectivos, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas y el Contingente contra las Desapariciones de Personas LGBTTTI), el esfuerzo de diálogo emprendido desde abril pasado apunta a la construcción de consensos para enriquecer la propuesta de reformas a las leyes General de Población, General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 24 de marzo. Tras reconocer "la disposición por parte de las instancias de gobierno" que han venido participando en el diálogo, los colectivos señalaron en un comunicado que se ha abierto una oportunidad "con este diálogo entre las familias y el Estado", exhortaron al Congreso de la Unión a tomar en cuenta los acuerdos alcanzados en el momento de dictaminar las reformas y a "mantener el espíritu de incorporación de la mirada de las familias, colectivos y plataformas que han trabajado durante estas semanas" e instaron a todos los actores institucionales y sociales a atender los ejes de trabajo impulsados: búsqueda y seguridad, identificación humana, bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención.
No debe soslayarse la relevancia de lo logrado en los encuentros entre las familias y organizaciones y las representaciones del gobierno federal: es claro que un enfoque compartido y consensuado entre ambas partes resulta fundamental para avanzar en la superación de la dolorosa tragedia de las personas desaparecidas y de sus entornos familiares y sociales, una tragedia que atañe al conjunto de la sociedad y de las instituciones y que tras décadas de dolor y sufrimiento debe llegar a su fin.
Quienes padecen la desaparición de seres queridos no han cejado en su búsqueda –en condiciones por demás peligrosas y precarias–, en la organización, en la movilización y en la difusión de su causa; el Ejecutivo federal, por su parte, ha hecho su tarea, desde la iniciativa de reformas presentada por su titular hasta la incorporación a ellas de los puntos de vista de los colectivos. Ha sido un proceso ejemplar y resulta ineludible demandar al Legislativo que reconozca ese esfuerzo y que procese con la celeridad y la precisión que el tema amerita las modificaciones legales enriquecidas en este ejercicio de diálogo y escucha en el que ha destacado la buena fe y la voluntad de las partes.
Edición: Ana Ordaz
