Opinión
Rafael Robles de Benito
29/07/2025 | Mérida, Yucatán
Hace unos días se reunieron en Quintana Roo la secretaria de medio Ambiente y Recursos naturales, Dra. Alicia Bárcena, y la gobernadora de ese estado, comunicóloga Mara Lezama, con el propósito de revisar “importantes proyectos ambientales” en la entidad. Quizá el espacio concedido a la nota en los medios no permitió profundizar demasiado en el asunto, o puede ser que quienes cubrieron la noticia encontraron interesantes únicamente los asuntos que reportaron. Pero me parece dudoso que en un estado que ha crecido al calor de la riqueza de sus ecosistemas (forestal, turística, apícola y pesquera), que enfrenta un año sí y otro también una vulnerabilidad considerable ante fenómenos hidrometeorológicos de efectos catastróficos, incendios, cambios de uso del suelo descontrolados e ilegales, pérdida de biodiversidad y resiliencia debido a impactos relacionados con el cambio climático global, e introducción de especies exóticas invasoras, entre otras cosas, la discusión entre la responsable federal de la política ambiental y la jefa del ejecutivo estatal se haya reducido al sargazo, la demanda de desarrollo habitacional para una población creciente, el indudablemente importante acceso al agua para consumo humano, y una carretera.
Quintana Roo es el estado que más esfuerzos aporta a la restauración de los arrecifes de coral, amenazados por la temperatura creciente de los mares, enfermedades diversas como el blanqueamiento, y por el impacto de embarcaciones turísticas, recreativas, pesqueras y comerciales conducidas sin pericia ni prudencia, El gobierno estatal debería demandar con insistencia el incremento de los recursos destinados a los trabajos de reproducción y resiembra de corales que llevan a cabo bajo condiciones heroicas investigadores y trabajadores de la conservación, como la Doctora María del Carmen García, de la CONANP, la Dra. Anastazia Banaszack, de la UNAM, o la Dra. Claudia Padilla, del INAPESCA. La tenacidad que requiere esta labor debería ser respaldada, no solamente por el mérito científico que entraña, sino por la importancia que tiene para esta entidad el segundo arrecife de barrera más importante del mundo, superado únicamente por el de Australia. Se trata no solamente de un ecosistema de gran biodiversidad, sino de un poderoso atractivo turístico y, lo que es más importante, una protección natural ante el impacto de huracanes y nortes severos.
También es uno de los estados con mayor porcentaje de su superficie dedicada a la conservación, e incluye área protegidas de la importancia de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, o el Parque Nacional Tulum, para mencionar únicamente dos de ellas. Hay que decir que carga también con desatinos como el parque jaguar, que administra nada menos que el ejército, y que resulta del todo incongruente con el objetivo expreso de su declaratoria; y que incluye en sus paisajes otros sitios que deberían ser objeto de conservación y manejo, como el complejo lagunar de Bacalar, donde los esfuerzos de protección han enfrentado una férrea y obcecada resistencia por parte de actores interesados en el dominio sobre el territorio.
Esta joya del sureste es también un importante productor forestal, donde múltiples ejidos se empeñan en continuar el uso sustentable de los recursos de la selva. Es también una importante entidad productora de mieles, y por tanto un elemento fundamental en la pugna por mantener poblaciones saludables de insectos polinizadores. Todo esto, la conservación de los ecosistemas que incluye el territorio estatal, y la protección de la biodiversidad local, incluyendo jaguares, cocodrilos, manatíes, tapires y un largo etcétera de organismos propios del trópico americano, fue al parecer puesto de lado en las conversaciones entre la secretaria y la gobernadora; o al menos, ignorado por quienes las reportaron.
Tampoco parece haberse mencionado el hecho de que Quintana Roo es uno de los pocos estados mexicanos que ha formulado una robusta estrategia para el conocimiento y conservación de la biodiversidad, cuya puesta en práctica merecería el decidido apoyo del ejecutivo federal. Quedó también en el tintero el hecho de que el estado formuló, en el marco de sus trabajos como miembro del Grupo de Trabajo de Gobernadores por los Bosques y el Clima (GCF-TF, por sus siglas en inglés) y con la asistencia del World Resource Institute (WRI), una detallada ruta de descarbonización, que establece las vías a través de las cuales el desarrollo de la entidad podrá evitar el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar adaptándose a nuevos escenarios climáticos. También aquí Quintana Roo tendría argumentos más que suficientes para reclamar el respaldo de la federación.
La agenda ambiental de Quintana Roo es vasta y diversa. Si en efecto se consideran importantes únicamente los asuntos enumerados por la gobernadora Lezama tras su reunión con la secretaria Bárcena, se está perdiendo de vista la magnitud de la aportación que la entidad puede entregar al concierto de la política ambiental nacional, y la oportunidad para demandar de la federación el apoyo que merece. Este estado, además de los recursos naturales que aloja, un capital humano considerable, que podría convertirlo en punta de lanza en los trabajos de conservación de ecosistemas, especies y servicios ambientales, protección de la biodiversidad, y mitigación y adaptación ante la emergencia climática. Cuenta con una considerable capacidad instalada, en el Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Quintana Roo. Tiene a su lado a organizaciones no gubernamentales de la talla de Amigos de Sian Ka’an, A. C. y Pronatura península de Yucatán, A. C. – para mencionar únicamente a las dos más grandes – e incluye ala participación de una cantidad muy considerable de centros e institutos de educación superior e investigación dotados de destacados expertos en asuntos de corte ambiental, como la UQROO, el ECOSUR y el INAPESCA; y otros de alcance regional, como el CICY y el CINVESTAV. Es además miembro del GCF-TF. Falta quizá escuchar las sugerencias de estos importantes actores sociales, y actuar en consecuencia.
Edición: Fernando Sierra