Opinión
Pablo Gómez
03/08/2025 | Tuxtla, Gutiérrez
La noche del 22 de julio pasado, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Robledo, sufrió el allanamiento de su vivienda en San Cristóbal de Las Casas. Se irrumpió forzando puertas y desactivando luminarias, con evidentes signos de vigilancia previa; no se trató de un robo, sino de un mensaje que lleva muchos años rondando en Chiapas: defender los derechos humanos significa vivir con la puerta abierta al terror.
No se trata de un hecho aislado. El propio Frayba denunció que es el segundo allanamiento en menos de 10 meses contra integrantes de ese centro, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para protegerlo. Resuena que estos sucesos pasen después de la publicación del informe (Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal) presentado por el Frayba, donde se narra cómo ese estado vive una crisis humanitaria de enormes proporciones, una espiral de violencia que se alimenta de desplazamientos forzados, desapariciones y ataque sistemático a defensores de derechos humanos.
Los números son tan fríos como devastadores: 392 mil personas desplazadas en México al cierre de 2023; 11 mil de ellas sólo en el último año, y de éstas, 15 mil 780 en Chiapas, entre enero de 2023 y junio de 2024. Pantelhó, Ocosingo, Frontera Comalapa y Chicomuselo, entre otros municipios, son el epicentro de una guerra no declarada, donde la delincuencia organizada, la violencia contrainsurgente contra Bases de Apoyo del EZLN y la violencia generalizada expulsan familias enteras, dejando consecuencias irreparables.
El informe retrata cómo las desapariciones forzadas han aumentado 358 por ciento entre 2019 y 2023 en esa entidad; en todo el país, más de 61 mil personas desaparecieron durante el sexenio que termina; en Chiapas, 7 mil 163 desapariciones desde 2000, de las cuales 45 por ciento son raptos de niñas, niños y adolescentes. Muchas de estas desapariciones, advierte el informe, están vinculadas a trata y explotación sexual, y pese a la magnitud de la tragedia, pocas denuncias llegan a tribunales: el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades mantiene el horror en silencio.
En tanto, quienes se atreven a alzar la voz pagan el precio. Defensores de la tierra y el territorio, periodistas, activistas LGBTIQ+, líderes indígenas y religiosos han sido amenazados, desaparecidos o asesinados; basta recordar la masacre de Nueva Morelia en 2024 (11 personas asesinadas por oponerse a la violencia criminal y a proyectos mineros), la ejecución extrajudicial del sacerdote Tatik Marcelo Pérez, y la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de derechos humanos vinculados a luchas territoriales.
Todo esto ocurre en un contexto que no puede explicarse sin hablar de colusión. El Frayba documenta cómo en Chiapas los grupos criminales actúan con la participación directa de autoridades locales, estatales y federales, en una lucha por el control de recursos, territorios estratégicos, megaproyectos y rutas de tráfico. Y mientras las comunidades claman por justicia, el Senado mantiene congelada desde 2020 la Ley General contra el Desplazamiento Forzado, y en Chiapas la ley estatal sigue sin reglamento ni consejo operativo.
En este contexto, el gobierno de Chiapas anunció con orgullo la compra de un helicóptero Black Hawk artillado, por más de 20 millones de dólares, blindado y con tecnología de vigilancia de última generación, gasto millonario que, según el discurso oficial, fortalecerá la lucha contra el crimen, pero ¿quién tripulará ese helicóptero? En un estado donde la militarización ha normalizado la violencia y debilitado las instituciones civiles, un helicóptero artillado no es una medida de seguridad, es la consagración de un modelo fallido.
¿Se puede hablar de “paz” mientras paramilitares y delincuencia organizada controlan territorios? Son la continuidad de las tácticas contrainsurgentes que desde los años 90 buscan controlar territorios y poblaciones, ahora sofisticadas bajo la narrativa del combate al crimen. Pero la militarización no ha traído paz, ha normalizado la violencia, debilitado las instituciones civiles y profundizado la impunidad.
Edición: Emilio Gómez
