Opinión
La Jornada
04/08/2025 | Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves a derechos humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese documento, el organismo hace referencia a la denuncia de un ciudadano que fue detenido en Cutzamala de Pinzón, Guerrero, el 16 de octubre de 2012 por integrantes del Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales (GAFE) y del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), quienes, tras someterlo a tortura física y sicológica para que la víctima se incriminara por la comisión de diversos delitos, lo trasladaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la desaparecida Procuraduría General de la República.
La CNDH subrayó que la recomendación se sustenta "en dictámenes médicos de integridad física, en declaraciones ministeriales, preparatorias y principalmente en los dictámenes elaborados con base en el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul)". Con base en esos elementos, la comisión pidió al titular de la Defensa que se gestione la reparación del daño, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y que se brinde la atención médica y sicológica que se requiera.
Para el país en general y para sus institutos militares resulta de fundamental importancia dar cumplimiento a recomendaciones como la mencionada –por más que los hechos que refiere hayan ocurrido hace casi 13 años–, no sólo para consolidar la nueva relación entre uniformados y civiles que se ha venido impulsando desde el gobierno anterior y en el actual, sino también para enviar un mensaje inequívoco de repudio a la impunidad y de rechazo a la práctica abominable de la tortura.
Ciertamente, hay asuntos más graves y antiguos que demandan el pleno esclarecimiento y, en la medida en que algunos de ellos pueden configurar crímenes imprescriptibles de lesa humanidad, la aplicación de sanciones a los responsables. Ello es particularmente cierto en Guerrero, donde se puso en práctica, en el siglo pasado, una estrategia de guerra sucia en contra de las insurgencias armadas, pero también contra la población campesina en general; donde fuerzas militares perpetraron la llamada masacre de El Charco –7 de junio de 1998– y donde, hace 11 años, en Iguala, tuvo lugar la atroz agresión sufrida por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Vargas de Ayotzinapa.
Tanto a lo largo de la guerra sucia como en El Charco, el papel del Ejército fue claramente protagónico, a la vez que hay elementos para pensar que los uniformados tuvieron algún grado de participación en el terrible episodio del 26 de septiembre de 2014.
Despejar las incógnitas y realizar una revisión transparente de los atropellos cometidos por personal castrense en contra de civiles en el pasado reciente es necesario para cimentar la confianza de la población en sus institutos militares y asumir plenamente la gran relevancia de las fuerzas armadas en casi todos los aspectos de la vida nacional, desde la salud y la protección civil hasta la lucha contra la inseguridad.
Edición: Ana Ordaz
