Opinión
La Jornada
08/08/2025 | Ciudad de México
El 1º de julio pasado entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en diciembre de 2024, por la cual las megacorporaciones que ofrecen servicios de transporte y paquetería mediante aplicaciones digitales deben registrar a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y garantizar su cobertura en caso de accidentes. Gracias a esta medida, en apenas un mes un millón 266 mil trabajadores dejaron de estar invisibilizados por figuras como la de "asociados", "colaboradores", "contratistas independientes" o "prestadores de servicios" y adquirieron todos los derechos que les corresponden, como el acceso a pensiones, atención médica, guarderías y vivienda. De este modo, el 31 de julio se alcanzó el récord histórico de 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo formales a nivel nacional.
No puede minimizarse el logro de dar seguridad social y existencia jurídica a más de un millón de personas que eran mantenidas en las sombras por compañías cuyo modelo de negocio se basó por demasiado tiempo en la evasión de todas las regulaciones y en la precarización laboral. Sin embargo, persisten importantes desafíos en la dignificación del trabajo y el combate a la mala praxis corporativa que abarca desde la negligencia en los requerimientos de protección civil, hasta la evasión fiscal y la violación a los derechos laborales.
En este sentido, ayer se dio a conocer que 14 mil 455 empresas inscritas en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) incumplen con el otorgamiento de seguridad social, por lo que pueden perder su registro y recibir sanciones fiscales. En febrero pasado, el Repse contaba con 139 mil organismos empadronados, por lo que más de 10 por ciento se encontraría en falta, una cifra que supone claroscuros: por una parte, demuestra el esfuerzo de las autoridades para hacer cumplir la disposición emanada de la reforma a la subcontratación de 2021, en virtud de la cual las empresas que deseen recurrir a dicha modalidad deben validar el carácter especializado de sus actividades, así como mantenerse al corriente en sus obligaciones ante el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria. Por otro lado, el hecho de que persista un número tan alto de faltistas pese a la constante depuración del Repse (con 60 mil 192 empresas que han perdido su registro en algún momento y 45 mil 708 que no lo recuperaron) habla de una sostenida reticencia de un sector de los patrones a cumplimentar sus deberes ante sus empleados y el fisco.
Lo más preocupante es que las cifras anteriores provienen de empresas sujetas a una revisión periódica de sus obligaciones, por lo que puede asumirse un nivel mucho mayor de simulaciones y faltas entre los 5 millones de unidades económicas que no se encuentran bajo un escrutinio semejante. Como se denunció en este espacio apenas el martes, 84 por ciento de los jornaleros agrícolas carecen de un contrato de trabajo, y un número casi idéntico está privado de servicios de salud, pese a la naturaleza riesgosa de sus labores.
Por ello, antes de denunciar la competencia desleal del sector informal o quejarse por la falta de compromiso de los trabajadores hacia sus empleadores, los capitanes de la iniciativa privada harían bien en preguntarse qué ventajas obtiene un trabajador al subordinarse a una empresa que lo fuerza a cumplir con un horario y lo somete a jornadas extenuantes sin ofrecer siquiera los ingresos y prestaciones que marca la ley. Parece claro que no hay un desinterés social por la formalidad, sino malas conductas empresariales que inflan las cifras de informalidad y empujan a millones a ganarse el sustento por cuenta propia.
Edición: Ana Ordaz
