Opinión
La Jornada Maya
10/08/2025 | Mérida, Yucatán
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche ha tenido actividad en los últimos meses, resolviendo asuntos sobre violencia política en razón de género. Han sido dos casos sonados:
el del periodista Jorge Luis González Valdez, ex director del diario Tribuna, convertido en publicación digital, y que desde hace unas cuantas semanas es supervisado por un censor del gobierno a fin de que no mencione el nombre de la gobernadora de ese estado; el segundo ha sido a los comunicadores Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Palí; este último ex colaborador de
La Jornada Maya y que recibiera el Premio Heineken de Periodismo en 2018, cuando formó parte de esta casa editorial.
En lo que respecta a los últimos mencionados, la sanción corresponde a ofensas cometidas en el programa La Barra Noticias, razón por la cual cada uno de ellos ha procedido a dar lectura, por separado a un texto que indica: “En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
La sentencia es ya difícil de apelar, pues fue confirmada por la Sala Regional de Xalapa. Es decir, ya ha sido revisada por una instancia superior y difícilmente pueda argumentarse que existe consigna por parte del gobierno local para sostener el fallo.
Es notorio que el gobierno de Campeche ha abierto una línea de acción para frenar señalamientos críticos y ha encontrado en el delito de violencia política en razón de género una herramienta sumamente útil para detener toda publicación adversa a la gobernadora Layda Sansores San Román. Sin embargo, también es cierto que el gremio que se ostenta como periodístico en ese estado también ha caído en excesos que a juicio de las autoridades judiciales competentes sí constituyen actos delictivos, tanto que a uno de ellos se le siguen cinco denuncias por daño moral y difamación, entre otros delitos.
En el panorama nacional, lo inquietante es que si bien sí se han encontrado conductas criticables por parte de funcionarios de la Cuarta Transformación, que van desde viajes a destinos exclusivos y fuera del alcance de la generalidad de los mexicanos, hasta la ostentación de bienes suntuarios, la capacidad de crítica está sumamente disminuida, al grado de reducirse al insulto personal y la diatriba. Estamos entonces ante un ambiente en el cual el nivel periodístico -al menos desde quienes pretenden identificarse como opositores al actual régimen -no encuentra asideros que le permitan ejercer una crítica fundamentada y al mismo tiempo respetuosa.
Por otro lado, también es responsabilidad de los periodistas señalar los excesos del Poder Judicial cuando se frena la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de ejercicios realizados por la ciudadanía en redes sociales, que difícilmente tienen el alcance de los medios a disposición de los funcionarios y/o personajes de la clase política a quienes se critique. En todo caso, también es de llamar la atención que el gobierno de Campeche aún no haya designado a quien se encargará de revisar las publicaciones que pudiera hacer Tribuna y los comentarios de su ex director, antes de que vean la luz, toda vez que la eliminación de la censura previa fue una batalla que se dio antes de la independencia de México y fue sancionada por la Constitución de Cádiz, en 1812, que en su momento fue muy bien recibida en Campeche.
Edición: Fernando Sierra
