Opinión
La Jornada Maya
06/08/2025 | Mérida, Yucatán
Para muchos, trabajar en plataformas digitales de transporte de pasajeros y reparto de alimentos y mensajería ha sido la manera de obtener un ingreso más o menos regular, con un horario laboral relativamente autónomo, pero siempre en una formalidad a medias: las empresas tecnológicas los registran como “socios”, y se encargan de pagar los impuestos por el servicio, pero de ninguna manera cubren prestaciones como reparto de utilidades, ahorro para el retiro, vacaciones y mucho menos atención a la salud.
Siendo francos, prácticamente todas las empresas de plataformas digitales han sido disruptoras y obligado a cambiar hábitos, con perjuicio a gremios tradicionales, como los de taxistas, abriendo la competencia con un aparente beneficio al consumidor. Sin embargo, trabajar para ellas es recurrir a una última opción, muchas veces porque el mercado laboral no puede/no le interesa incorporar un perfil como el que se tiene, y aquí se trata de quienes superan cierta edad o apenas concluyeron la educación básica, y lo que no encuentran es precisamente un empleo que ofrezca prestaciones; en cambio, cuentan con la propiedad de un vehículo o repiten el esquema de los sindicatos de conductores de alquiler, sin el apoyo de estas agrupaciones; de manera que terminan obteniendo unos cuantos pesos por ser choferes por turno, mientras el propietario del automóvil recibe una renta.
Durante el confinamiento al que obligó la pandemia de Covid-19, conductores y repartidores de plataforma fueron dueños de las calles; personajes cuya llegada con los alimentos o que podían ofrecer una forma segura de transportarse durante el toque de queda que se estableció en algunos estados, y que por ello se ganaron, temporalmente, la estima de la sociedad.
Lo anunciado este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un avance histórico en materia de derechos laborales, por la incorporación de más de un millón de personas al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el reconocimiento, por parte del Estado, de la existencia de una relación de trabajo entre empresa y “socio” conductor o repartidor.
Esto era algo urgente. Ya resulta sumamente fácil culpar a los repartidores de aplicación de comportamientos imprudentes al desplazarse, porque de alguna manera son quienes pueden sortear el tráfico en las ciudades, pero también deben hacerlo a contrarreloj, y mientras la velocidad sea el factor que les asegure una mejor calificación en la app y ésta a su vez la posibilidad de mantenerse activo en las plataformas, las conductas de riesgo seguirán. La principal interrogante es si vale la pena arriesgarse a un accidente vial cuando no se tiene cobertura médica. Eso es lo que se ha venido a solucionar.
Cuando casi las tres cuartas partes de estos nuevos afiliados como derechohabientes al IMSS tienen en las apps su principal fuente de ingresos, y pagan impuestos como cualquier otro empleado, lo justo es que reciban las prestaciones de ley.
El carácter disruptivo de estas empresas no puede estar por encima de los derechos elementales de sus trabajadores. En algún momento, la competencia en beneficio del consumidor debe estar asociada a mejores condiciones para desempeñar un trabajo y no a que éste se caracterice por su precariedad, lo que es el sello del capitalismo salvaje.
Edición: Fernando Sierra
