Opinión
La Jornada Maya
05/08/2025 | Mérida, Yucatán
Desde su fundación en 1938, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue una empresa paraestatal proyectada para convertirse en uno de los principales motores de la economía nacional, como lo había sido la minería de metales preciosos durante la Colonia y la de cobre durante el Porfiriato. La gran diferencia fue el esquema de operación, pues la explotación del “oro negro” fue considerada una actividad estratégica y, siguiendo la inspiración del artículo 27 de la Constitución de 1917, quedó en manos del Estado.
Al igual que otras empresas que se desarrollaron durante el llamado periodo de desarrollo estabilizador, Pemex ha sido sumamente vilipendiada y a la vez ha sido objeto del deseo de la iniciativa privada tanto nacional como extranjera. La corrupción al interior de la empresa también ha sido difícil de ocultar, y eso mismo ha justificado que se le califique de caja chica del gobierno en turno, pero particularmente del partido hegemónico en turno. Tal fue el caso del “Pemexgate” de 2001, caso en el que se descubrió el ingreso de fondos provenientes del sindicato petrolero financiaron parte de la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastida Ochoa.
Pero también es verdad que la inversión estatal en la empresa fue declinando desde mediados de la década de 1980, hasta llegar a limitar lo que se consideraba como estratégico para poder concesionar todo aquello que no fuera exploración, perforación y petroquímica básica, en la siguiente década. Es decir, la intención de desmantelar Pemex con tal de hacerla “eficiente” ha sido real, pero al mismo tiempo ha habido un freno más o menos eficaz en la Constitución y en varios grupos de la clase política que entonces pugnó por asociar la soberanía nacional con la capacidad de producir y distribuir los energéticos; tanto combustibles como fluido eléctrico.
Desde el inicio de su movimiento, Andrés Manuel López Obrador se ubicó entre los partidarios de mantener la explotación petrolera como actividad estratégica en manos del Estado y recuperar a Pemex como motor económico. Sin embargo, la situación de la paraestatal no es lo pujante que pudiera imaginarse: décadas de falta de inversión en mantenimiento, de robos a gasoductos, la existencia de intrincados esquemas de corrupción y de una burocracia dorada, han sido la hidra a combatir.
Pemex requiere de un nuevo esquema, pero a diferencia del reclamo neoliberal que demanda “que se le deje ser empresa”, éste debe resolver sus problemas estructurales y dejar de depender de transferencias periódicas del erario para cumplir con algunos de sus proveedores, aclarando que también entre estos hay quienes enfrentan problemas serios o han quedado en bancarrota por adeudos no cubiertos por la petrolera.
Destinar 500 mil millones de pesos al fortalecimiento financiero de Pemex, con la mitad de esa suma proveniente de la banca de desarrollo, es una vía que también será juzgada por los mercados. El reto será precisamente recuperar las calificaciones en el grado de inversión, pero también responder al desafío de alcanzar la seguridad en materia energética, tareas ambas muy amplias como para dejarlas al arbitrio de unos cuantos y sí, en cambio, requiere que se involucre al sector privado para que se desarrollen nuevas fuentes de energía y estas sustituyan al petróleo y los combustibles fósiles. Ya si además, para 2027, Pemex alcanza la suficiencia para cumplir con sus compromisos, será ganancia, pero esto último también dependerá de que su producción se estabilice y se mantengan los precios del barril de hidrocarburo.
Edición: Fernando Sierra
