Opinión
Óscar Alberto Rébora Aguilera
20/08/2025 | Mérida, Yucatán
La justicia ambiental no es un lujo ni un capricho técnico: es una exigencia moral y política que define la calidad de nuestra democracia. En México y en el mundo, los sectores más pobres cargan con los costos más altos de la degradación ecológica, a pesar de ser quienes menos la provocaron.
Durante décadas, el modelo de desarrollo trasladó el precio de la contaminación, la pérdida de ecosistemas y el agotamiento de recursos hacia comunidades con menos poder para defenderse. En otras palabras, hemos socializado los daños y privatizado las ganancias.
Quintana Roo, cuya riqueza ecológica es emblemática y fundamental para el país, es un claro ejemplo de esta realidad: por un lado, sus ecosistemas únicos han resentido la externalización de costos ambientales; por otro, esa misma riqueza natural es un motor de desarrollo económico y bienestar social cuando se gestiona con justicia ambiental. En estados como el nuestro, garantizar una abre camino a la otra: proteger los ecosistemas es proteger el bienestar y garantizar un futuro digno.
El modelo anterior hizo que comunidades con menores ingresos —muchas de origen indígena o asentadas de manera irregular— se vieran empujadas a zonas de alto riesgo: márgenes de ríos, costas expuestas al aumento del nivel del mar y huracanes, o áreas impactadas por actividades mal reguladas. Esto no ocurre por elección, sino como consecuencia directa de exclusiones históricas en el planeamiento urbano y del acceso a suelo con servicios dignos.
El resultado es tangible: miles de familias sin agua potable constante ni drenaje adecuado, con ventilación precaria o sin manejo apropiado de residuos; más exposición a enfermedades y desastres; y poca o nula incidencia real en decisiones que afectan su territorio y su futuro.
Esta realidad se está revirtiendo. En sintonía con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum para el segundo piso de la Cuarta Transformación, y bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, orientamos la acción pública para corregir inercias y poner al pueblo y a nuestra naturaleza en el centro.
Desde la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) impulsamos políticas y obras que colocan al pueblo en el centro del diseño ambiental y social: un modelo en el que proteger los ecosistemas no es un fin aislado, sino la condición para garantizar derechos, dignidad y oportunidades.
Así, en colonias populares de Cancún, Tulum, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, las obras no solo mejoran infraestructura: restituyen derechos. El acceso constante a agua potable, el drenaje digno, la infraestructura para manejo de residuos y la protección de acuíferos no son servicios accesorios: son condiciones de vida justa.
Con el Acuerdo Estatal por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad aseguramos que la participación ciudadana no sea simbólica, sino real.
Y con reformas impulsadas desde SEMA restauramos manglares, ordenamos el crecimiento territorial, exigimos el cumplimiento estricto de la normatividad y clausuramos obras que amenazaban zonas sensibles. Cada decisión aterriza la visión de la gobernadora Mara Lezama en beneficios concretos para la gente y para la naturaleza.
También fortalecemos la economía circular con rostro popular. El Parque de Economía Circular del Sargazo convierte un reto ambiental en empleo verde; Recicla por tu Futuro reconoce el compromiso ciudadano con el reciclaje premiando con despensas; y modelos como la meliponicultura o las certificaciones REDD+ promueven corresponsabilidad ambiental en el sector turístico al mejorar su eficiencia energética.
Con estos pasos desmontamos un falso dilema: desarrollo turístico y justicia social no están en conflicto. En Quintana Roo demostramos que pueden —y deben— avanzar de la mano.
La transformación requiere, además, institucionalizar la corresponsabilidad: alianzas con organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos internacionales y, sobre todo, con las comunidades, respaldadas por reglas claras, indicadores públicos y seguimiento ciudadano.
Escuchar al pueblo no es un gesto de buena voluntad: es la base para construir un modelo legítimo, duradero y capaz de resistir los retos que impone el cambio climático y la desigualdad.
Dentro de este marco, en Quintana Roo —bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama y en sintonía con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum para el segundo piso de la Cuarta Transformación— reafirmamos que proteger la vida en todas sus dimensiones significa empoderar a quienes históricamente fueron excluidos y construir, desde abajo y con todos, un futuro donde nadie quede fuera.
La justicia ambiental no solo repara desigualdades históricas: también abre el camino para un desarrollo con bienestar y prosperidad compartida, en sintonía con la naturaleza, resiliente y sostenible. En un estado con una riqueza ecológica sin igual, estamos construyendo un ejemplo que demuestra que la justicia ambiental y la justicia social van de la mano y son el camino hacia un futuro sólido y próspero, donde nadie se quede atrás, inspirado en los principios del humanismo mexicano.
Óscar Alberto Rébora Aguilera/ Titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo
Edición: Ana Ordaz
