Opinión
La Jornada
20/08/2025 | Mérida, Yucatán
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió de forma categórica el comunicado de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en torno a una iniciativa conjunta para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los cárteles.
La mandataria enfatizó que el único acuerdo bilateral en materia de seguridad es el que se trabaja desde hace meses con Washington y está a punto de firmarse, pero no tiene ninguna relación con lo anunciado el lunes por la DEA. En cuanto a las supuestas capacitaciones a personal mexicano en territorio estadunidense, sólo hay cuatro policías que asisten a un taller en Texas, igualmente sin vínculos con las afirmaciones del organismo.
Según la DEA, el Proyecto Portero (del inglés gatekeeper) se dirige contra los operadores del crimen organizado conocidos con ese nombre, encargados de dirigir el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia el norte, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo de regreso al sur, e involucraría a “las fuerzas del orden, inteligencia, defensa y fiscalía, alineando prioridades y operaciones para que Washington pueda desplegar toda su capacidad contra las redes de
cárteles”.
Divulgaciones como ésta constituyen una agresión tanto por su carácter mendaz como porque, de ser ciertas, tendrían que emitirse con el conocimiento y la anuencia de ambas partes, como corresponde a las normas y los usos diplomáticos. La emisión unilateral de afirmaciones que revisten tanta gravedad es una forma de presión que transgrede los principios de la buena vecindad y que lamentablemente no puede considerarse un desliz o un error, sino que se inscribe en el patrón de provocaciones característico del trumpismo, cuyos integrantes no tienen empacho alguno en lanzar afirmaciones sin sustento. Basta con recordar la insistencia del magnate, durante su primer periodo presidencial, en que México había accedido a pagar el muro fronterizo que constituía el eje de su política xenófoba de entonces. Tan evidente es dicha falsedad, que el muro nunca se construyó y hoy las fortificaciones se encuentran relegadas por la decisión de desplazar el énfasis antimigrante a las cacerías humanas lejos de la frontera.
A la tendencia de la administración republicana a fanfarronear se suma el enojo inocultable de la DEA contra los gobiernos de la Cuarta Transformación, que comenzó cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador denunció sus malas prácticas, excesos y corruptelas, y puso fin al libertinaje con que sus agentes actuaban en territorio mexicano gracias al entreguismo imperante durante el calderonato y el peñismo. Es evidente que la DEA, acostumbrada al intervencionismo y la impunidad, no ha terminado de digerir la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que desde 2020 regula sus actividades en México, y cíclicamente deja ver su descontento mediante filtraciones y declaraciones orientadas al golpeteo político.
Pese al tiempo transcurrido y a la consolidación del proyecto progresista liderado ahora por la presidenta Sheinbaum, la DEA y otras dependencias de Washington no terminan de entender que México ya cambió y que no encontrarán en Palacio Nacional el silencio obsecuente que antes les permitía hacer y decir a su gusto. Sería positivo que consideraran lo contraproducente de acciones como la comentada, las cuales les acarrean desprestigio y pérdida de credibilidad, además de que torpedean las perspectivas de una cooperación bilateral fructífera y respetuosa en materia de seguridad.
Edición: Estefanía Cardeña
