El ambientalismo de rigor: causas que encuentran cauces

En Quintana Roo, el ambientalismo siempre ha tenido presencia, pero en los últimos años ha crecido como nunca. Lo que antes era terreno de especialistas comprometidos hoy es una exigencia social amplia, masiva y constante. La evolución es, por supuesto, positiva: nunca antes había existido tanta conciencia colectiva sobre la necesidad de cuidar el entorno.

No es coincidencia que, precisamente en este relativamente nuevo entorno de conciencia y exigencia social, se hayan logrado cambios históricos cuya lucha se prolongó durante más de 30 años. Un ejemplo claro es la prohibición del uso comercial de cetáceos en cautiverio. Otro, que pocos conocen, es la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente publicada en octubre pasado, que establece que en Quintana Roo es legalmente imposible realizar cualquier acto ante fedatario público con inmuebles que no cuenten con autorización en materia de impacto ambiental.

Hace una década, estas reformas eran impensables. Estamos en un nuevo momento: conviven el ambientalismo técnico y especializado, con luchas de décadas —como las de organizaciones como GEMMA—, y el ambientalismo digital, masivo y de enorme alcance. El reto es combinar lo mejor de ambos mundos: la potencia social de las redes con el rigor técnico del conocimiento.

Sin embargo, este crecimiento también trae desafíos. El más importante tiene que ver con que el vehículo del nuevo ambientalismo de masas digitales —las redes sociales— está diseñado para premiar el alcance y la interacción (“clics, likes, reacciones”), pero no necesariamente el rigor técnico o la profundidad del conocimiento de causa. Esto no es culpa del ambientalismo: toda expresión o interacción humana digital está, de una forma u otra, influenciada por los incentivos del capitalismo digital. Así, causas menores en términos ambientales pueden volverse virales, mientras que problemas estructurales y graves —como la expansión agropecuaria, principal causa de deforestación en el estado— pasan desapercibidos.

Además, las redes son hoy el principal campo de combate político-electoral, y la conversación ambiental tiende a mezclarse con esa lógica. No porque los ambientalistas así lo quieran, sino porque las plataformas arrastran cualquier tema hacia trincheras partidistas. No nos confundamos: el ambientalismo es usado como herramienta político-electoral como cualquier otra causa. Es entendible e inevitable que así sea; el riesgo es que esta lógica termine por dominar las causas sustantivas del movimiento.

Ejemplos recientes lo ilustran con claridad. Hablemos de dos casos que han generado ruido últimamente. “Casa D”, de Diego Dreyfus, tuvo un importante impacto mediático y digital en las últimas dos semanas. Se trata de 11 cabañas y 17 llaves en 21 hectáreas: el impacto es mínimo. El argumento principal del “escándalo” digital era que se iban a utilizar “palos” para generar ruido y ahuyentar fauna. No se trata de defender al desarrollo o a Diego Dreyfus, pero es un hecho objetivo que “Casa D”, en comparación con los cientos de desarrollos turísticos o inmobiliarios que se emprenden anualmente en Quintana Roo, no representa una prioridad de impacto.

En segundo lugar está el proyecto “Perfect Day” en Mahahual. A este se le acusa de un “ecocidio de 90 hectáreas” sin que siquiera se haya presentado aún una manifestación de impacto ambiental. Actualmente nadie conoce las especificaciones del proyecto. Sin embargo, existe una solicitud en Change.org con más de 200 mil firmas que exigen su “cancelación”. Aquí queda dolorosamente evidente que este tipo de ejercicios responden más al impacto digital o mediático que a los resultados. Los firmantes, aparentemente, buscan un resultado imposible: no se puede negar una MIA que aún no se ha presentado ni cuyo contenido se conoce, ni se puede revocar una autorización que todavía no ha sido concedida. Lo que implica que las 200 mil firmas no se oponen a un proyecto, sino a una idea, un supuesto o una hipótesis.

Frente a este panorama, debemos partir de una verdad incómoda pero necesaria: toda actividad humana genera huella ecológica. El desarrollo, nos guste o no, implica impactos. La clave está en gestionarlos para que sean mínimos y sostenibles, evitando que comprometan nuestra casa común. Y aquí es donde el rigor se vuelve indispensable.

Desde el Gobierno de Quintana Roo tenemos claro que el cuidado del medio ambiente es condición para el desarrollo. Nuestra responsabilidad es doble: proteger los ecosistemas y garantizar certeza jurídica. Eso significa que no podemos oponernos a priori a todo proyecto: si cumple la ley, la autoridad está obligada a reconocerlo; si la ley es insuficiente, el camino es reformarla. Esa ha sido siempre la ruta de las victorias históricas: cuando se cerró un delfinario, fue porque había una reforma legal detrás, no por una decisión arbitraria. Lo mismo ocurre con el caso del cuarto muelle de Cozumel: la MIA afirmaba que no existía un arrecife donde sí lo había.

Las exigencias que se han transformado en resultados, las causas que han tenido cauces, son aquellas que han combinado la potencia de la nueva era con el rigor y la madurez técnica. La indignación siempre es legítima, pero no es suficiente. Lo que transforma es priorizar causas con verdadero impacto, canalizar la presión social hacia rutas jurídicas y legislativas, y actuar con información verificable.

No todo lo que hace ruido es una causa ambiental, y muchas causas urgentes no generan ruido. El verdadero compromiso es distinguirlas, enfocarse en lo prioritario y actuar con seriedad. Solo así las causas ciudadanas encontrarán cauces efectivos para proteger nuestro entorno.

Edición: Emilio Gómez