Opinión
Felipe Escalante Tió
04/09/2025 | Mérida, Yucatán
Contar con un techo sobre la cabeza es una de las grandes preocupaciones de la humanidad. El ser humano siempre ha necesitado de refugio, protección contra las inclemencias del tiempo y un espacio para el descanso; al principio recurrió a cuevas, pero el propio desarrollo de la especie lo llevó a la construcción de casas y edificios que siguen teniendo la función de madrigueras.
Una cosa es la necesidad y cómo puede satisfacerse, y otra muy distinta, el que existan las condiciones para que todas las personas puedan satisfacer tal menester. En Mérida, particularmente, ha habido épocas en las que el derecho a la vivienda fue (es) motivo de conflicto social y, por supuesto, político.
A falta de datos duros, podemos aventurar la hipótesis de que la capital yucateca nunca ha sido una urbe en la cual el acceso a una propiedad inmobiliaria haya sido amplio. Puede tomarse como salvedad a mediados de la década de 1970, hacia el fin del pasado milenio, gracias al Infonavit y a que los constructores de entonces emprendieron la creación de fraccionamientos, gracias a los cuales muchos trabajadores pudieron adquirir una casa propia. Sin embargo, hace un siglo, muy pocos podían pensar en realizar una compra y lo más frecuente era el arriendo de un predio.
La prensa de la época da testimonio de que existieron conflictos entre inquilinos y arrendatarios. Tengamos en cuenta que era tal la cantidad de personas que rentaba su casa que, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, se formó una Liga de Inquilinos que recurrió a la “acción afirmativa”. De esto da cuenta una nota aparecida en El Correo el 5 de agosto de 1922. Cabe resaltar que este periódico era de oposición al régimen socialista, pero a pesar de ello muestra que los abusos se daban también por parte de los propietarios, a quienes Carrillo Puerto puso un límite en cuanto a lo que podían cobrar por rentas.
La nota en cuestión lleva por título “Don Humberto Peón y don Alfredo Palma estropeados por varios inquilinos”, a lo que sigue un subtítulo indicando “Cómo ocurrieron los hechos”. El cuerpo de la noticia inicia con el siguiente párrafo: “En virtud de que el Sindicato de Inquilinos declaró de utilidad pública [para ellos] todos los predios destinados para habitación, los citados inquilinos ligados han tomado posesión de todos los que se encuentran desocupados, empleando, para este efecto, procedimientos violentos”.
Aparentemente, el diario reporta fielmente los hechos y apenas se permite el sarcasmo, pero deja entender que el Sindicato de Inquilinos había realizado un acto de autoridad sin tener las facultades para ello; es decir, usurpando funciones. Pero en seguida contrasta con la actuación de los propietarios: “Los caseros, a su vez, emplean ciertos procedimientos para defenderse. El más común es el siguiente: cuando tienen algún predio desocupado simulan contratos ajustados a la ley, con supuestos inquilinos, empleados suyos o parientes, hasta que por su voluntad quieren arrendar el predio al primer inquilino que les pague lo que piden, con el requisito prohibido de la fianza”.
Los hechos violentos de que trata la nota, los deja ver como consecuencia “de estos procedimientos encontrados”. El día anterior, según la noticia, “varios inquilinos ligados tomaron posesión de un predio, al parecer desocupado, de la propiedad de don Humberto Peón. Éste, al tener conocimiento de lo que ocurría, se armó convenientemente y se apersonó en el lugar de los acontecimientos, pero, con tan mala suerte, que fue desarmado por los inquilinos y fuertemente estropeado”.
Por la tarde, le ocurrió lo propio al señor Alfredo Palma: “Este fue llevado por la fuerza a las afueras de la ciudad y ahí se le obligó después de estropeado a firmar un documento, poniendo a disposición de los inquilinos todos sus predios, ofreciendo ajustarse a la ley”. Destaquemos que ambos propietarios se presentaron armados a sus predios, de manera que el “estropeo”, pudo ser el menor de los males, y no sería sino hasta después de los hechos violentos que los propietarios insinuaron que procederían por la vía legal. Al respecto, añadía El Correo, “los inquilinos manifestaron que están resueltos a emplear la acción directa, para hacerse respetar”.
Por otro lado, la nota termina insinuando que ambos “estropeados” poseían más de una casa para dar en arriendo, y lo más probable es que de alguna manera habían conseguido retirar varias del mercado, especulando hasta hallar a alguien dispuesto a pagar más de lo que estaba autorizado legalmente; es decir, a quien tuviera mayor poder adquisitivo que la naciente clase obrera.
A manera de remate, El Correo refirió que justo la noche anterior se celebró una asamblea “en la Liga Central de Resistencia, acordando en ella desconocer los procedimientos del sindicato de inquilinos, pues dicen que ellos trabajan por el mejoramiento del proletariado, pero no aprueban procedimientos violentos”. Algo que parece la vieja estrategia de “tirar la piedra y esconder la mano”, pero eso es materia de otras notas, y otros tiempos.
Edición: Estefanía Cardeña
