Opinión
La Jornada Maya
05/09/2025 | Ciudad de México
De acuerdo con medios de comunicación estadunidenses, hoy el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva para renombrar al
Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”, una denominación abandonada en 1947 con el propósito de pasar la página a las sangrientas conflagraciones que marcaron la primera mitad del siglo XX. Una hoja informativa de la Casa Blanca sostiene que “el ejército de Estados Unidos es la fuerza de combate más poderosa y letal del mundo, y el presidente cree que este departamento debería tener un nombre que refleje su poder incomparable”, mientras el propio Trump ha criticado el actual nombre bajo el argumento de que busca ser “políticamente correcto”.
No parece casualidad que este cambio simbólico se produzca durante la misma semana en que Washington ha realizado acciones concretas de proyección de su poderío bélico y reafirmación de sus intenciones imperialistas. El hundimiento de una lancha en aguas del Caribe y la ejecución extrajudicial de sus 11 tripulantes envía un mensaje inequívoco a la comunidad internacional: la Casa Blanca renuncia hasta a la más tenue apariencia de respeto por la legalidad y se arroga el “derecho” –como lo llamó el secretario de Estado, Marco Rubio– a asesinar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera y con cualquier pretexto que se le ocurra, sin reparar en su inverosimilitud. Porque inverosímil es que la diminuta embarcación destruida por un misil estadunidense transportara la “cantidad masiva” de drogas de la que habló Trump, o que pudiera recorrer los 2 mil kilómetros de mar abierto que separan Venezuela de la costa más cercana de la superpotencia.
Incluso si pudiera probarse que las víctimas eran narcotraficantes, cosa que no se ha hecho hasta ahora, el ataque violó el principio universal de proporcionalidad de la fuerza, por lo que sólo puede considerarse un asesinato, como denunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario andino también tocó un punto nodal al señalar que durante décadas se ha detenido a civiles que trasiegan drogas sin matarlos, y condenó la atrocidad de usar semejante poder de fuego contra quienes no son grandes capos, sino jóvenes de bajos recursos que realizan ese tipo de labores para los cárteles.
Por ello, resulta alarmante que Rubio y el titular del Pentágono, Pete Hegseth, hablen de sus actos de piratería como sucesos normales a los que la región debe acostumbrarse porque “volverán a suceder”. Sea que la fuerza de invasión desplegada en las cercanías de Venezuela tenga la improbable misión de interceptar y eliminar embarcaciones usadas por el crimen organizado o que, como parece cada día más cierto, busque desestabilizar a Caracas, es innegable que supone un peligro para toda la región y una inopinada provocación hacia el gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados, de los cuales Moscú ya expresó su tajante rechazo a tan inaceptable comportamiento.
En este contexto, el secretario de Estado anunció ayer una nueva política de restricción de visados para los ciudadanos de América Central que “actúen intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino (PCC)”, pues Washington “está decidido a contrarrestar la influencia corrupta de China en América Central y a detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho”. Los disparates de Rubio rayan en la comedia, habida cuenta de que el único país que ha corrompido y subvertido el Estado de derecho una y otra vez en Centroamérica es Estados Unidos, cuyas agencias de espionaje han llegado a organizar el tráfico de drogas continental para financiar sus operaciones encubiertas.
Con sus palabras y actos el trumpismo deja claro que se encuentra atascado en una mentalidad de la Guerra Fría y trata por todos los medios de hacer que el orden global retroceda más de 80 años, a una época en que las potencias occidentales mantenían grandes imperios coloniales y arrastraban al mundo a guerras devastadoras a fin de ampliar sus posesiones.
Edición: Estefanía Cardeña
