Brasil: justicia restaurada

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023) fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista para permanecer en el cargo tras su derrota electoral de 2022. De acuerdo con la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lúcia Antunes, están comprobadas la violencia y la grave amenaza que caracteriza el delito de pertenencia a una organización criminal, así como la división de tareas y la jerarquización para ejecutar el golpe. Además de sentenciar al ex mandatario ultraderechista por intento de golpe de Estado, tentativa de abolición del estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos, cuatro de cinco miembros del Supremo encontraron culpables a siete cómplices, entre los que hay ex ministros y antiguos jefes militares.

El fallo contra Bolsonaro y algunos de quienes lo acompañaron en su aventura golpista debe celebrarse en tanto completa la restauración de la justicia y la democracia que estuvo en entredicho desde el consumado golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016 hasta ayer. En esta década, el país más poblado y con la mayor economía de América Latina tuvo un Ejecutivo designado de manera espuria a través del lawfare (Michel Temer, 2016-2018) y otro que se alzó con la victoria mediante la eliminación jurídica de su rival: no puede olvidarse que en 2018 el candidato puntero en todas las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, no pudo presentarse a los comicios porque se le condenó por un inexistente caso de corrupción que hubo de ser anulado un año después debido a las graves irregularidades procesales.

Desde un principio estaba claro que el Poder Judicial y el Ministerio Público actuaban por consigna, pues al enviarlo a la cárcel e inhabilitarlo políticamente no se basaron en evidencias, sino en su “convicción” en torno a la culpabilidad del máximo líder de la izquierda institucional. Posteriormente, salieron a la luz grabaciones en las cuales el juez Sergio Moro –premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia– daba instrucciones al fiscal para llevar el caso de tal modo que pudiera dictar una sentencia preparada de antemano.

Finalmente superadas todas las perversiones a la democracia y al estado de derecho que permitieron el regreso del neoliberalismo autoritario al Palacio de Planalto, el golpista irá a la cárcel y Lula está en la presidencia. Sin embargo, el costo ha sido enorme: en su paso por el poder, Bolsonaro fomentó la tala ilegal en la Amazonia, aumentó 50 por ciento la pobreza extrema y 22 por ciento la pobreza de ingresos, recortó programas sociales fundamentales en plena pandemia de covid-19 y azuzó el negacionismo en torno al virus, con lo que provocó decenas de miles de muertes adicionales. El daño más grave y duradero de su administración fue haber normalizado la violencia de Estado, la glorificación de las armas, la apología de la dictadura militar de 1964-1985, la intolerancia, el racismo, la persecución de la disidencia y, en general, haber implantado en Brasil el discurso agresivamente retrógrado que a nivel mundial se relaciona con el trumpismo.

Por ello, no extrañan las maniobras ilegales e injerencistas del inquilino de la Casa Blanca para respaldar a su aliado y descarrilar a la justicia brasileña: como el propio Trump señaló ayer sin notar el significado profundo de sus palabras, el juicio a Bolsonaro “realmente se parece a lo que quisieron hacer” con él, es decir, hacerlo pagar por el intento de subvertir el orden democrático movilizando a sus bases violentas en contra de las fuerzas constitucionales. Que el Tribunal Supremo de Brasil haya superado todas las presiones y condenado al dirigente fascista, mientras su homólogo estadunidense otorgó a Trump una inmunidad absoluta por cualquier delito, da una medida del deterioro de las instituciones de Washington, que hoy se mueven entre la impotencia y la complicidad ante un gobierno que se desliza a toda velocidad del autoritarismo al totalitarismo.

Edición: Ana Ordaz