Opinión
La Jornada
23/09/2025 | Ciudad de México
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó ayer al Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) su licencia para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), con lo cual entra en proceso de liquidación y sus ahorradores podrán recibir un monto de hasta unos 219 mil pesos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo). Los afectados por el cierre de la empresa manifestaron su descontento ante lo que consideran que “no es una quiebra, sino un fraude”, consumado ante la indiferencia de las autoridades.
A falta de una explicación detallada y congruente por parte de la CNBV, es inevitable compartir la sensación de que el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) faltó a sus “facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero”.
Como este diario ha informado puntualmente, el Came dejó de presentar sus resultados financieros a la CNBV desde enero pasado; a finales de marzo comenzó el cierre de todas sus sucursales físicas y, al menos al 1º de abril, ya había abandonado su domicilio fiscal, así como desaparecido su página web y la aplicación móvil desde la que sus clientes realizaban todas sus operaciones.
El 24 de ese mes, el entonces director general de supervisión de Sofipos B de la institución, Armando Martínez Ramírez, recibió a un grupo de quejosos que le hizo saber de primera mano sobre la imposibilidad de acceder a sus recursos y la completa falta de respuesta por parte de la compañía. Martínez Ramírez les expresó que tenía conocimiento de la situación desde el 10 de marzo, pero la CNBV dejó que el Came continuara captando recursos hasta finales de abril. Por si no fuera suficiente, en abril ya se había convertido en una Sofipo de categoría 4, es decir, que su nivel de capitalización era menor a 56 por ciento o, en palabras llanas, tenía menos de la mitad del dinero requerido para devolver los depósitos a sus ahorradores. Esa situación ameritaba que la CNBV solicitara la remoción del director y el consejo de administración de la empresa, pero, hasta donde se sabe, esas medidas no se ejecutaron. Los días 16 y 29 de mayo, los directivos del Came fueron convocados a reunirse con las autoridades y los afectados en la Secretaría de Gobernación, pero faltaron a ambas citas. Pese a la manifiesta intención de eludir sus responsabilidades, la compañía no fue intervenida, sino hasta la segunda semana de junio.
En una carta enviada a la Secretaría de Gobernación, los directivos o sus representantes aseguraron a la autoridad que “el universo de ahorradores vigentes a abril de 2025 es de alrededor de 167 mil, de los cuales solamente 829 sobrepasarían el umbral de protección por parte del Fondo de Protección”, cifras que podrían esclarecer por qué el movimiento de afectados no ha cobrado un carácter masivo. Sin embargo, sean cientos de miles o sólo 829 las personas que han perdido su patrimonio a manos del Came, hay un inocultable descuido en el manejo de una sociedad financiera que daba señales de alarma desde hace casi un año, cuando su nivel de capitalización cayó por debajo de lo considerado óptimo por la CNBV. Por lo anterior, además de evitar la impunidad de los administradores de la Sofipo y garantizar a los ahorradores la recuperación de los fondos que, en muchos casos, suponen el esfuerzo de toda una vida por construir patrimonio, resulta ineludible iniciar las indagatorias pertinentes para averiguar si se trata de un caso de ineptitud extrema o si hubo complicidad por parte de las autoridades que debieron impedir el desastre.
Si esta modalidad de defraudación, conocida como esquema piramidal o Ponzi, es tan vieja como el dinero, en la actualidad tiene una facilidad inédita de propagación gracias a las plataformas digitales y la promoción en redes sociales, por lo que es necesario exhortar al público y a los reguladores a extremar precauciones ante instituciones financieras que, como el Came, atraen a los inversionistas conrendimientos insostenibles y sin contar con un modelo de negocio que respalde los beneficios prometidos.
Edición: Estefanía Cardeña
