Contrabando y recaudación

A nadie debiera interesarle más el combate al contrabando que al Estado mexicano. Si se tratara de la población en general, el servicio de aduanas no tendría razón de ser, si se tratara de obtener mercancías al menor precio al público. Sin embargo, los particulares que promueven el desorden en las aduanas nunca lo hacen pensando en el bien de la mayoría, sino en el beneficio propio a costa tanto de los mexicanos como del erario.

Hace ya varios años que el contrabando dejó de ser “traer fayuca”. En parte, las plataformas globales de compras han sido responsables de incrementar el acceso a ropa, calzado, herramientas y diversos productos de consumo fabricados en el extranjero. Por su parte, el crimen organizado se ha encargado de ingresar precursores químicos de diversas drogas, al igual que enervantes y, muy especialmente, armas de diversos calibres que terminan en manos de los cárteles. Otra vertiente, en la cual están involucradas las mismas organizaciones criminales, es el ingreso de combustibles y derivados del petróleo, sin pagar las contribuciones debidas.

Así, combatir el contrabando e imponer el orden en las aduanas resulta vital para todo gobierno que pretenda 1) disminuir los índices de criminalidad y 2) hacerse de recursos sin incrementar impuestos. El papel de la autoridad entonces es controlar qué mercancías entran al país, cuándo y en qué cantidad, y que éstas paguen los aranceles correspondientes según los acuerdos comerciales que se tengan con el país de procedencia. El beneficio es precisamente que se impide el fortalecimiento de la delincuencia, al bloquear la entrada de armas, y aumenta la recaudación fiscal.

Entonces, la explicación que hizo este miércoles ante el pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Édgar Amador Zamora, en cuanto a que la recaudación de comercio exterior al cierre de julio de este año subió más de 22 por ciento real como resultado del combate al contrabando y mejoras en la infraestructura tecnológica de las aduanas, debe verse como una señal de interés genuino por controlar las aduanas por parte del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

La comparecencia del funcionario, sin embargo, contrasta con las revelaciones que se han dado en cuanto a los personajes involucrados en el huachicol fiscal, operación que permitió el ingreso de millones de litros de combustible amparados con manifiestos falsos; lo cual supone un daño sumamente grave al erario, pues es dinero que no ingresó a las arcas, y en cambio esas gasolinas y/o diesel sí llegaron a un consumidor final, que no obtuvo ahorro alguno.

Pero el combate a este contrabando en particular presenta una dificultad: no solamente se trata de enfrentarse a quienes se encuentran fuera de la ley sino a quienes, como servidores públicos y además integrantes de las llamadas fuerzas del orden, participan en el ilícito. Esto no sólo presupone una falta administrativa grave sino también la comisión de un delito y la consecuencia debiera ser la apertura de carpetas de investigación.

Pero la cantidad de combustible ingresado supone una gran escala de complicidades. La misión es deshacer esa red y castigar a quienes se encuentren implicados; eso sería una demostración de la seriedad del combate a la corrupción, aunque también implica la ruptura de pactos con sectores de las fuerzas armadas o empresarios que se han beneficiado del contrabando; es decir, de causarle un daño a las finanzas públicas.

Algo que necesita un gobierno con las características de los emanados de la 4T es precisamente asegurar sus ingresos, a fin de mantener la viabilidad de los programas sociales que han sido elevados a derecho constitucional. En la retórica se ha destacado que estos se garantizan eliminando la corrupción; entonces su combate es lo que asegura la legitimidad del gobierno.

Edición: Fernando Sierra