Abasto de medicamentos, ¿sin seriedad?

Uno de los rubros en los cuales la Cuarta Transformación tiene grandes dificultades en lo que respecta a obtener credibilidad es el de la salud y sanidad pública, muy particularmente en el abasto de medicamentos para las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El conflicto viene de los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se cancelaron licitaciones ya realizadas, se modificaron los procesos para llevar a cabo las nuevas, y al menos tres distribuidoras de fármacos fueron vetadas de participar, señaladas de corrupción y lucrar con la salud de los mexicanos. A esto siguieron movilizaciones de pacientes, destacando las de familiares de niños con cáncer, exigiendo el medicamento metotrexato. También, previo a 2020, se detectó que los pacientes con diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, falla renal, ansiedad, convulsiones por epilepsia o alguna condición de neurodivergencia, y artritis reumatoide, fueron los más afectados por la falta de medicinas; mientras que la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Chihuahua concentraban la mayor parte de las denuncias.

El tema continúa vigente, aunque se han intentado varias acciones, como el desaparecido Insabi y la megafarmacia, a fin de asegurar la existencia de medicamentos en el sector de la salud pública. Este martes, la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sirvió de foro para dar cuenta de la situación al momento.

Lo más destacado del reporte, en el cual participaron Eduardo Clark, subsecretario de Salud; Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, y Martí Batres, director del ISSSTE, es el señalamiento de que existe una relevante cantidad de empresas farmacéuticas que, luego de cuatro meses de haberse comprometido mediante contrato al suministro de medicamentos, han incumplido en porcentajes importantes. A pesar de esto, estas mismas instituciones cuentan ya con un abasto superior al 90 por ciento de medicamentos, una cuestión que la oposición insiste e insistirá en negar. 

La cuestión de fondo en los señalamientos de desabasto de medicinas es mostrar a la Cuarta Transformación como deshumanizada, y a sus dirigentes como desinteresados en la dignidad de quienes recurren a las instituciones públicas de salud -presentada ya desde hace varias décadas como la última opción para buscar atenderse -, mientras se les acusa de mantener otros esquemas de corrupción. En suma, la intención es sacar “raja” política.

Y sin embargo, exigir a las farmacéuticas que “se tomen en serio” la entrega de medicamentos tampoco parece ser lo más creíble. Todo proveedor, tras adquirir las bases de cualquier licitación, se entera de las sanciones y multas a que se expone en caso de incumplimiento, y más cuando se refiere a la entrega de mercancías. Eso sí, que se mencione esta situación es indicativo de que aún no se resuelven las tensiones entre el gobierno federal y estas empresas, lo que puede anticipar más episodios de conflicto en los que, lamentablemente, serán los derechohabientes quienes resulten perjudicados. 

De ahí que resulte importante el recordatorio que realizó la Presidenta, en cuanto a que se debe proceder por la vía penal si se comprueba que el incumplimiento es deliberado. Las farmacéuticas, si no le venden al gobierno, pueden encontrar nuevos clientes; sin embargo, si lo que se busca es obtener un mayor monto que el pactado porque “cambiaron las condiciones” para obtener algún fármaco, abrir la vía judicial será primordial para la defensa de quienes buscan atender su salud. Lo que es de esperar, sin embargo, es seriedad por ambas partes.

Edición: Fernando Sierra