El 68 y Gaza, en las calles

Confluyeron en las calles y las plazas de México las manifestaciones correspondientes a hechos del pasado que no deben olvidarse (la masacre de Tlatelolco, con Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría como corresponsables históricos) y a hechos del presente que deben denunciarse y ser impugnados (el genocidio en Gaza y la política en general de Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino).

El recuerdo de lo sucedido en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas tuvo este año mayor solidaridad retórica de miembros de los poderes guinda, no sólo la Presidencia de la República y diputados y senadores, sino también personas juzgadoras, entre éstas los ministros de la Corte, quienes guardaron en sesión un minuto de silencio.

En las calles, sin embargo, esas posturas oficiales no tuvieron gran eco entre las masas manifestantes, mucho menos en el llamado bloque negro que, como en otras ocasiones, generó violencia que terminó dando nota periodística de escándalo, disminuyendo la importancia de la marcha pacífica en sí.

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Son de reconocerse los gestos de rechazo desde poderes institucionales al autoritarismo criminal de 1968. Pero son incompletos, insuficientes, en cuanto se les rememora sin el pleno contexto, que incluye la violencia represiva de las fuerzas armadas, en aquella ocasión y en muchas más, y las complicidades mediáticas y políticas, algunas aún subsistentes.

En el tema de Gaza hubo insistencia en exigir al gobierno federal, en específico a la presidenta Sheinbaum, que se asuman posturas más firmes de rechazo a las acciones de Israel contra el pueblo palestino, y en particular, contra el secuestro de activistas que navegaban con la intención de llevar ayuda humanitaria a los habitantes de la zona devastada.

The New York Times publicó ayer que el presidente Trump envió al Congreso de su país un “aviso confidencial” para “determinar” que está formalmente en un “conflicto armado” con cárteles de las drogas a los que considera puede atacar, incluso mortalmente, al amparo de esa declaratoria. Aun cuando el contexto se relaciona con los ataques a lanchas en el mar Caribe, en inmediaciones de Venezuela, el “aviso” es extensivo a los narcotraficantes en general, que son clasificados como “grupos armados no estatales”, cuyas actividades “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”. Te lo digo, Venezuela, para que lo escuchen… ¿quiénes más?

En varios lugares del Estado de México (como sucede en otras regiones del país) los grupos criminales actúan de manera abierta y recurrente, aunque las autoridades pronuncien solemnes discursos y difundan estadísticas en sentido contrario. En Santa María del Monte, del municipio de Zinacantepec, se viven cotidianamente hechos delictivos que las agencias del Ministerio Público se niegan a registrar y dar seguimiento. Hace días se produjeron robos e intentos de robo con violencia de vehículos automotores en calles transitadas; a pesar de las videograbaciones y las intenciones ciudadanas de solicitar acción penal contra los delincuentes, las autoridades eluden investigar y castigar. Difícil la situación (también) en la entidad gobernada por Delfina Gómez.

Astillas

Ricardo Salinas Pliego ya escucha tintineos palaciegos que no tienen 74 mil millones de pesos como referencia, sino más de la mitad (48 mil mdp), menos descuentos y rebajas… Adán parece estar más a gusto que en días anteriores, aunque habrá de verse si la “defensa” mañanera es genuina o más bien una treta para eludir costos políticos de siguientes traqueteos… Ayer se publicó aquí una información equivocada, al mencionar a Finamex como la institución involucrada en 2012 en financiamiento irregular de campañas electorales del PRI; la referencia debió haberse dirigido a Monex, acusada de maniobras con monederos electrónicos. El autor de esta columna presenta sus disculpas a Finamex y a los lectores… ¡Hasta el próximo lunes!

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Edición: Estefanía Cardeña