Opinión
La Jornada Maya
06/10/2025 | Mérida, Yucatán
Una de las demandas más sentidas de la población trabajadora es el acceso a una vivienda digna, con acceso a los principales servicios públicos y propia. En su momento, la fundación del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en 1972, fue una respuesta que buscó satisfacer esta necesidad. Sin embargo, por múltiples razones, entre ellas una concepción de las instituciones como negocio, hizo que los fines del Infonavit se desvirtuaran y que muchos se encontraran con créditos impagables y que finalmente renunciaran al sueño de contar con una propiedad inmueble a la cual llamar hogar.
Uno de los mayores logros de la Cuarta Transformación ha sido precisamente la restructura de esos créditos tacos en veces del salario mínimo, para garantizarle a miles de derechohabientes que todo aquello por lo que habían trabajado durante años tendría un fruto que realmente sería para ellos. Sin embargo, también salió a la luz que por muchos años se desatendió a quienes menos ingresos tienen.
Aquí el tema ha tenido dos aristas: por un lado, para acceder a un crédito del Infonavit se requiere ser parte de la población económicamente activa con un empleo formal, y la tasa de informalidad del país sigue siendo sumamente alta, algo que permite la supervivencia de muchos, pero favorece la evasión fiscal y las operaciones financieras ilícitas.
Desde su campaña, la hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió la intención de construir un millón 800 mil hogares, dirigidos a quienes ganan hasta dos salarios mínimos; un sector al cual ni las instituciones ni las cámaras de la construcción habían prestado atención en las últimas tres décadas. Hoy, ya existe un avance importante, según dio a conocer Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), consistente en 300 mil viviendas en proceso de edificación, de las cuales 9 mil 160 habrán sido entregadas al cierre de este año.
El anuncio de la secretaria Vega contempló que para este mismo año iniciará la construcción de otras 400 mil casas, con lo que se tendría, en tan solo dos años, casi la mitad de la cantidad prometida, lo que significa que el ritmo de edificación es intenso y que la intención de llegar a la meta es seria. Faltará, eso sí, la respuesta de la población beneficiada, pues resultaría una incongruencia mantener el esfuerzo de edificación si a éste no corresponde una ocupación prácticamente inmediata de quienes adquieran estas viviendas.
El esfuerzo para que quienes menos ganan o dependen de los ingresos que generen como profesionistas independientes o simplemente no pueden demostrar ingresos formales, implica la inclusión de este amplio sector de la población en la garantía del derecho a la propiedad inmueble, disminuyendo así el riesgo de conflictos sociales como los que se están dando en otras partes del mundo, precisamente por la falta de vivienda accesible para quienes menos ganan.
Ahora bien, también se requiere que los gobiernos estatales y municipales se involucren en esta política, no porque cuenten con instancias para la construcción davivienda, sino para que los complejos que surjan cuenten con drenaje, calles pavimentadas, áreas verdes, agua potable y transporte público eficiente, al igual que vigilancia policiaca. De hecho, el éxito del plan de edificación depende en gran medida del acceso a estos servicios, y de ahí que resulte fundamental evaluar los respectivos planes de desarrollo. Es tarea pendiente, y posiblemente hay quienes no le han prestado la debida atención al tema, lo que sería una falta de compromiso con sus gobernados. Una vez que las entregas de vivienda pasen de las poco más de 9 mil que hoy se proyectan, superen las 350 mil por año, que son las requeridas para llegar al objetivo, la garantía de gobernabilidad de las nuevas comunidades será de las autoridades locales.
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Edición: Estefanía Cardeña
