Opinión
La Jornada
15/10/2025 | Ciudad de México
Con 345 votos a favor de Morena y sus aliados y 131 en contra del bloque opositor, la Cámara de
Diputados aprobó ayer por la tarde la reforma a la Ley de Amparo. Al cierre de esta edición, San Lázaro se encontraba inmerso en una intensa discusión de las 309 reservas presentadas a aspectos particulares de la iniciativa, pero se espera que sólo tres de ellas prosperen. Dichos cambios se relacionan con los requisitos que las personas deberán cumplir para solicitar un amparo, la interpretación del momento procesal en que los asuntos en proceso ya no podrán resolverse bajo el régimen legal anterior y los permisos, autorizaciones o concesiones del gobierno federal.
Para entender el espíritu de la enmienda debe recordarse que, en la teoría, el amparo protege a los ciudadanos frente a actos arbitrarios de la autoridad.
Sin embargo, en los hechos, se ha aplicado con tanta amplitud y discrecionalidad que dejó a 130 millones de mexicanos a merced de la arbitrariedad de los poderosos y de los jueces venales.
Por ejemplo, con la norma vigente, un empresario a quien se le niega un permiso de construcción puede obtener una suspensión provisional, devastar el medio ambiente de forma irreparable y convertir un cambio de uso de suelo en un hecho consumado, aunque posteriormente el amparo sea revocado por una instancia superior.
Asimismo, a un delincuente cuyas cuentas bancarias fueron congeladas a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le basta con la complicidad de un solo togado para acceder a ellas, vaciarlas y desaparecer cantidades ilimitadas de recursos ilegales en cuestión de minutos.
Con la nueva legislación, asuntos tan graves como los referidos necesitarán una sentencia firme a fin de evitar, o cuando menos reducir, tanto el atropello del bien común por la codicia privada como la connivencia entre juzgadores y delincuentes.
En este contexto, la reforma supone un incuestionable avance desde la perspectiva del combate a la delincuencia, pues cierra la puerta a transgresores de cuello blanco e integrantes del crimen organizado que han hecho del amparo su herramienta predilecta para asegurarse impunidades temporales o permanentes.
También es una buena noticia para el bienestar y el desarrollo económico en tanto refrena a los intereses facciosos que se sirvieron de este instrumento para obstaculizar políticas públicas y obras estratégicas durante todo el sexenio pasado y que, en general, se han valido de él a fin de someter al Estado a la voluntad de élites empresariales, mediáticas y políticas.
Por último, la nueva Ley de Amparo corrige la distorsión institucional que colocaba al Poder Judicial por encima del Ejecutivo y el Legislativo, hasta el punto de anular la soberanía popular y sustituirla con el capricho de una mafia de las togas tramposamente presentada como garante del orden constitucional que, en realidad, suprimía.
Con la reforma, se mantiene la función del amparo en la protección de los individuos y las colectividades al mismo tiempo que se acotan los abusos, por lo que cabe ver en ella un complemento a la reforma judicial, la renovación de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura (ahora denominado Órgano de Administración Judicial) y, en suma, un paso más hacia la democracia plena.
Edición: Estefanía Cardeña
