Campeche, donde la 4T brinda armas al enemigo

En materia de libertad de expresión y prensa, el estado de Campeche se ha convertido en la entidad señera en cuanto a casos emblemáticos para los gobiernos emanados del movimiento identificado como la Cuarta Transformación (4T). La gobernadora, Layda Sansores San Román, ha estado en el vórtice de atención en cuanto a lo que refiere a este derecho sancionado por la Constitución en sus artículos sexto y séptimo.

Este fin de semana, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ordenó a la empresa Producciones Telemar S. A. de C. V. proporcionar “información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales”, amenazando con sanciones económicas y procesos legales en caso de no entregar esa información; algo similar a lo que ha ocurrido con el periodista retirado Jorge González Valdez, ex director del diario Tribuna. Tanto a esta persona como al referido medio, se les dictaron medidas cautelares para que no se refieran a la mandataria de ese estado, y en caso de hacerlo, deben enviarlas antes a la oficina de un censor; una medida a todas luces anticonstitucional.

La pregunta de fondo es si puede ser válido que un gobierno demande saber quiénes son las fuentes de información de un medio -que en el caso de entrevistas de opinión suelen ser reveladas casi de inmediato -especialmente cuando se trata de temas delicados, en los que el periodismo da forma a uno de sus principales géneros, el reportaje, en el cual suele recurrir a “gargantas profundas” o personas que por su propia seguridad requieren del anonimato, al igual que quienes escriben o dan a conocer los resultados de la investigación. Una exigencia como la que actualmente realiza la FGECAM conduce, casi sin remedio, a un ambiente de autocensura en los medios de comunicación; algo que se creía superado desde el inicio del actual milenio, y que al menos en México se esperaba irreversible desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Es cierto que todos debemos colaborar con las autoridades cuando se trata de combatir conductas criminales, pero cuando las exigencias de información no están relacionadas con estas, sino con las críticas a la autoridad, el precedente es peligroso para las garantías constitucionales.

Las agrupaciones de profesionales, como ahora lo hace una de las de profesionales en derecho, a través de su presidente, Francisco Eustaquio Portela Chaparro, pueden estar guiadas por un criterio partidista, porque finalmente están integradas por seres humanos; sin embargo, cuando se hace referencia a que existe una contradicción entre la información que exige la autoridad y el texto constitucional, es necesario hacer un alto y escuchar. A fin de cuentas, un gobierno y toda persona que se encuentre en un puesto público, únicamente está facultada a hacer lo que la ley le indica. 

Cuando un gobierno demanda a los medios de comunicación que proporcionen información delicada, se resquebraja la relación entre gobernantes y gobernados. Cuando se trata de datos que están en poder de entidades del gobierno, debe existir un índice de documentos a los que se les ha dado el carácter de reservados; en el caso contrario, tratándose de empresas periodísticas, estas deben negarse a entregar información que conduzca a la identificación de personas que puedan ser puestas en peligro por revelar una información determinada, a menos que se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad de la sociedad o de otras personas.

En lo tocante a la lucha política por la percepción del gobierno, el de Campeche ha fallado en comunicar si las acciones que ha emprendido en contra de periodistas y medios de comunicación responde a una preocupación legítima por la seguridad pública o, como han manejado tanto estos medios como agrupaciones profesionales, se trata de hacer prevalecer los elogios a la gobernadora, Layda Sansores.

Lo cierto es que quienes todavía creen en el proyecto de nación impulsado por la 4T, suelen venir de una larga historia de lucha contra el autoritarismo que encarnó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que se caracterizó por un férreo control de los medios, algunos de los cuales llegaron a identificarse como soldados del PRI. En el fondo, está el conseguir un equilibrio entre el derecho a opinar y expresarse libremente y el hacerlo con responsabilidad y fundamento.

Edición: Fernando Sierra