Opinión
La Jornada
04/11/2025 | Ciudad de México
La cancillería peruana anunció ayer que el gobierno derechista de ese país
decidió romper relaciones diplomáticas con México tras conocer “con sorpresa y profundo pesar” que la ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra en la residencia de la embajada de México en Lima, donde tramita una solicitud de asilo. El proceso de asilo fue calificado de “acto inamistoso” que da continuidad a supuestas interferencias de la actual y la anterior administración mexicanas en los asuntos internos de Perú.
Cabe recordar que el actual gobierno de Perú accedió a la Casa de Pizarro hace apenas tres semanas, después de que un Congreso repudiado por 98 por ciento de los ciudadanos destituyera a la presidenta de facto Dina Boluarte y colocara al frente del Ejecutivo a otro político sin mandato de las urnas, José Jerí. Éste, que hasta el 10 de octubre encabezaba el Legislativo, arrastra acusaciones por una violación sexual que habría cometido en enero de este año; se encuentra en desobediencia a una orden parlamentaria, y es señalado por usar su papel en la Comisión de Presupuesto para el cobro de sobornos.
En este contexto, poco sorprende la pasmosa ineptitud de una administración instalada para sostener el pacto oligárquico que detenta el verdadero poder y que mantiene a la nación andina sumida en una crisis de ingobernabilidad evidenciada por el desfile de ocho jefes de Estado en apenas nueve años. A esa camarilla no se le puede pedir que entienda la figura del asilo como uno de los pilares del sistema internacional de derechos humanos, ni que conozca hechos básicos como la potestad del país otorgante para decidir si quien lo solicita es o no merecedor del estatus de asilado. Mucho menos cabe esperar que estén al tanto de la historia de su propio país y de la histórica tradición mexicana de dar protección diplomática a prominentes peruanos perseguidos por dictaduras, tradición que en el caso de Perú se remonta a la década de 1920, cuando nuestro país hospedó al político peruano más relevante del siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre.
Es sin duda lamentable la ruptura de la unidad latinoamericana propiciada por el ascenso de gobiernos autoritarios, ya sean producto de la voluntad popular, como el de Ecuador, o imposiciones cupulares respaldadas por Washington, como el que controlan Perú desde 2022. Sin embargo, México puede sentirse orgulloso de permanecer del lado de la legalidad internacional y de los derechos humanos en cada una de estas coyunturas, en las que ha auxiliado a quienes vieron su libertad y su vida en riesgo por persecuciones políticas carentes de sustento jurídico.
El costo de enarbolar la dignidad y la ley han sido el acoso y las agresiones de los regímenes de Jeanine Áñez, Boluarte, Daniel Noboa y ahora el de Jerí. Cabe esperar que el presidente de facto peruano no llegue a los extremos de barbarie del magnate ecuatoriano nacido en Miami, quien en abril de 2024 ordenó el asalto a la embajada de México en Quito, un injustificable acto de guerra en el que fueron agredidos miembros de la legación diplomática y se perpetró el secuestro del
ex vicepresidente Jorge Glas. Es muy significativo del primitivismo de las derechas actuales el que acometan ataques que no tuvieron lugar ni siquiera durante las dictaduras genocidas que asolaron a Sudamérica durante la guerra fría.
Por fortuna, el alejamiento entre los gobiernos autoritarios andinos y la democracia mexicana no afecta el vínculo fraterno entre los pueblos, el cual continúa intacto y recibirá un nuevo impulso cuando la llegada de administraciones más presentables en Quito y Lima permita el restablecimiento de relaciones plenas con esas naciones hermanas.
Edición: Estefanía Cardeña
