Territorio, gobierno, e industria exportadora ¿Avance o retroceso?

Durante octubre del presente año, se ha vuelto tendencia el litigio que existe entre la  empresa surcoreana Samsung México, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con respecto al debate de un doble cobro del IVA que el SAT pretende realizar, de aproximadamente, 9 mil 600 millones de pesos. El conflicto ha escalado hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y se considera que el caso podría marcar el destino de toda la industria exportadora en México, en donde, de ser reconocido este doble cobro, varias de estas empresas podrían reconsiderar su permanencia en el país, dando pie a cambios en la configuración actual del territorio, implicando la reorganización, desarticulación y desequilibrio de ciudades y comunidades dependientes de dichas actividades económicas.

De acuerdo al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), hablamos de mil 400 empresas en todo el país, que generan el 60 por ciento de las exportaciones de la nación, y producen más de 6 millones de empleos formales, que oscilan entre profesionistas altamente especializados, y personas con educación trunca, así como de empleos indirectos, entre proveedores locales y servicios. Que representan 40 por ciento de los trabajadores afiliados al IMSS. Y que solo en Yucatán, suman 46 empresas entre asociados y afiliados.

Actualmente, ante las nuevas premisas de la globalización y la geopolítica, el orden económico ha estado en constante cambio, generando procesos de localización y relocalización de la actividad industrial entre países. Un ejemplo, es el caso de la maquiladora canadiense Louis Garneau Sports Inc, ubicada anteriormente en Mérida, que en Septiembre del 2024, sorprendió a sus trabajadores con la noticia de su quiebra y cierre inmediato en México, para reubicar parte de sus maquilas en Taiwan. 

Países como China, ante los elevados aranceles de Trump, han ofrecido apoyo a las empresas exportadoras afectadas, permitiéndoles vender en su país y países asociados, los productos fabricados originalmente para exportación a Estados Unidos. En México, el decreto de Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), del 2007, fue creado con un espíritu similar de competencia: facilitar la operación de empresas exportadoras que contribuyen significativamente a la economía nacional, al inyectar dinero al país, y que no compiten en el mercado nacional.  Sin embargo, varios programas del IMMEX han sido cancelados gradualmente.

Recientemente México volvió a ser tema de polémica, cuando la US Chamber of Commerce, denunció que el SAT había incrementado prácticas agresivas que vulneran el Tratado de Comercio de América del Norte (T-MEC). Entre las prácticas denunciadas, están auditorías excesivas, el doble cobro del IVA, denegación de deducciones por pagos entre empresas, exceso de burocracia y sanciones retroactivas. Ello ha generado incertidumbre fiscal y legal entre inversores, así como aumento de costos para las empresas estadounidenses,  con la posibilidad del riesgo que elimine los beneficios contenidos en el T-MEC, y cuestionando su continuidad, si no se mejoran las condiciones en México. 

En pleno auge del “nearshoring” (movilización de empresas para acercarse a su mercado meta), estamos en un momento, en donde México podría posicionarse como destino clave para la relocalización de cadenas productivas, o en donde estos conflictos de desintegración entre gobierno y empresas podría tener efectos devastadores en el país. 

De acuerdo a Hevia (2003) para consolidar el desarrollo de un determinado territorio, nacional o local, es necesario generar colaboración entre las empresas y la sociedad, de modo que estas puedan adquirir insumos de los negocios locales, impulsándolos a formar parte de la globalización. Cabe mencionar que esta colaboración entre comunidad y empresa puede tener éxito en el desarrollo territorial, en el marco de la gobernanza, si los gobiernos escuchan, y las industrias exportadoras, equilibran en su integración, las dimensiones político-social, urbana, ambiental y económica. 

Referencias consultadas:

Agradecimiento especial a la LAE Claudia María Martínez Lusarreta, Vicepresidenta de INDEX Yucatán, quien concedió entrevista para compilar datos de la columna.

Edición: Fernando Sierra