Opinión
Normando Medina Castro
27/11/2025 | Chetumal, Quintana Roo
La aplicación de la ley general para prevenir, investigar y sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, recién aprobada por el poder legislativo mexicano, es un paso firme en el combate contra el crimen organizado, con impacto positivo en la seguridad pública, en la economía, e incluso en el saneamiento de las corporaciones policiacas y el servicio público.
El cobro de “derecho de piso” es uno de los delitos que en el gobierno actual no ha disminuido, se calcula que tiene un crecimiento interanual del siete por ciento. En Quintana Roo afecta fuertemente a empresarios, comerciantes, constructores, emprendedores, generadores de empleos que además de realizar numerosos y engorrosos trámites en los tres órdenes de gobierno, tienen que pagar “la cuota” ignominiosa que imponen los criminales.
Esa extorsión, cobro de derecho de piso a cargo del crimen organizado, cárteles del narcotráfico, tiene connotaciones muy graves. Primero es un ataque directo contra ciudadanos cuyos giros no tienen ninguna relación con los criminales, personas que arriesgan su capital en un negocio lícito, crean fuentes de empleo, dinamizan la economía, proveen bienes y servicios necesarios, pagan impuestos.
El basamento del cobro y pago de derecho de piso es el terror. La violencia extrema. Las personas que se niegan a pagar son amenazadas, acosadas, sus negocios son rafagueados o incendiados. Y aún pueden ser “levantados”, víctimas de secuestro o desaparición forzada, términos que “acomodan” las autoridades para reducir el impacto público y simular que la situación no es grave.
Precisamente por la falta de compromiso de las autoridades estatales y municipales para acabar con ese flagelo social, hasta llegar a la complicidad en varios casos, existe gran desconfianza de las víctimas por lo cual la federación estima que el 96.7 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian. Ahora ese terrible delito se persigue de oficio. Las víctimas pueden denunciar de manera anónima al 089 donde también pueden obtener protección, ya que las autoridades federales tendrán atribuciones directas, y se crearán fiscalías especializadas. La extorsión, el cobro de derecho de piso, ya es considerado un delito grave y las penas de cárcel van de 15 a 25 años, que con agravantes pueden alcanzar hasta 42 años de prisión. La complicidad de servidores públicos contempla penas de diez a 20 años de cárcel. Las extorsiones telefónicas que también han proliferado desde los centros penitenciarios recibieron un golpe severo en la nueva ley, ya que quienes introduzcan dispositivos electrónicos en prisiones recibirán de seis a 12 años de reclusión, incluyendo a celadores y funcionarios. En Quintana Roo turístico el cobro de piso es muy grave.
La falta de empatía de quienes ejerzan algún cargo en el servicio público, es inaceptable. Quienes no tengan conocimientos que se asesoren adecuadamente. No es justificable obstaculizar, bloquear, perjudicar, por cualquier circunstancia, a nadie. Cuantimás cuando se trata de compañeros de profesión como ocurre en la clínica hospital B del ISSSTE Chetumal donde cuatro médicos residentes están a punto de perder la oportunidad de entrar a la especialidad de Medicina Interna porque la responsable de enviar sus protocolos de investigación los retuvo. Lo peor es que sus superiores miran para otro lado, lo cual es complicidad y negligencia. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡Hasta la próxima!
Edición: Fernando Sierra
