Opinión
La Jornada Maya
01/12/2025 | Cancún, QRoo
Uno de los objetivos concretos más ambiciosos del actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es el de la construcción y entrega de un millón 800 mil viviendas durante el sexenio 2024 -2030. Concreto, porque se tiene un número específico y una fecha de conclusión; ambicioso porque implica el cambio de paradigma en lo que se refiera al acceso a un techo para la población que gana menos de dos salarios mínimos, lo que implica también una nueva visión en cuanto a quiénes deben tener garantizado el poder adquirir una propiedad inmueble, y porque esto debe realizarse en todo el país.
Este fin de semana, el sábado 29, en gira por la península de Yucatán, Sheinbaum Pardo hizo un recorrido que incluyó actividades como la supervisión de obras del Tren Maya de carga, la entrega de becas y también la de las primeras 225 unidades del programa Vivienda para el Bienestar, en la unidad habitacional Edén Bienestar, en Playa del Carmen, donde se contempla alcanzar las 992 unidades de vivienda a un costo promedio de 600 mil pesos.
El contar con una propiedad es una cuestión de seguridad financiera para millones de personas, que actualmente destinan buena parte de su ingreso a pagar mensualmente una renta, sin que esto represente una garantía de estabilidad. En España, por ejemplo, en los últimos meses se han dado a conocer varios ejemplos de viviendas que hoy son propiedad de fondos buitre de donde ahora buscan desalojar a personas que llevan más de cinco décadas pagando una renta. Así, el acceso a un domicilio fijo y propio no se trata solamente de un derecho social, sino de la fortaleza del tejido social, de la identidad del vecindario.
Puede que por el momento se antojen pocas las entregas. Se trata únicamente de los primeros logros del programa: apenas 225 unidades, pero 497 liberaciones de hipotecas de Fovissste y 193 escrituras del Instituto de Suelo Sustentable. La documentación que debe dar seguridad a las familias que por fin contarán con un patrimonio inmobiliario debe ser sólida, la garantía de que toda la tramitología se ha hecho conforme a la ley, de manera que nadie pueda reclamar que su propiedad es irregular.
Durante la ceremonia de entrega, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, pronunció una frase que describe a la perfección el ánimo del programa: “Estas llaves son para quienes sostienen el motor económico del estado”; y en efecto, los destinatarios son miles de trabajadores de la construcción, meseros, anfitrionas, camaristas, personal de mantenimiento que dan (su) vida a Cancún y la Riviera Maya. Una fuerza laboral que, sobra decirlo, ha pasado décadas expuesta a todo tipo de abusos, comenzando precisamente por el ingreso que sus patrones declaran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, si es que así lo hacen; el grueso de los ingresos en el sector turístico, es bien sabido, proviene de propinas, y estas no van directamente a los trabajadores, sino que se encuentran tasadas en cada establecimiento.
La entrega es, pues, un primer logro concreto de un plan que debe cubrir todo el país, brindando a cada familia beneficiada algo más que un patrimonio: la certeza de que el desarrollo es posible y que toda persona tiene el derecho a aspirar al ascenso social a través de la adquisición de una propiedad y que su vivienda contará con servicios públicos. Esto es justicia social y al mismo tiempo el reconocimiento de la dignidad de cada habitante del país.
Edición: Ana Ordaz
