Opinión
La Jornada Maya
01/12/2025 | Mérida, Yucatán
El paquete fiscal 2026 de Yucatán ha sido motivo de estridencia, principalmente por parte de los organismos empresariales locales, cuyos integrantes más destacados incluso se manifestaron públicamente a fin de protestar contra una disposición en particular: el proyecto de incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN), que se propone pasar de 3 a 3.75 por ciento.
A cualquier lego, el porcentaje parece una nimiedad. Sin embargo, la postura del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es que se grava cada puesto de trabajo, y el efecto es encarecer la creación de plazas, afectando particularmente a las micro y pequeñas empresas del estado, por la pérdida de competitividad.
No ha faltado quien ha querido presentar el desacuerdo como “la rebelión de los ricos de Yucatán”, como si la unión mostrada por las cámaras empresariales fuera una negativa tajante a pagar el ISN, cuando el efecto ha sido abrir un canal de diálogo para la exposición de motivos por parte del gobierno estatal, encabezado por Joaquín Díaz Mena, y las potenciales afectaciones del aumento impositivo, por parte de los organismos patronales.
El tema, no obstante, ya se encuentra politizado y las bancadas representadas en el Congreso yucateco ya han adelantado sus posturas hacia la votación de la ley de ingresos, lo que termina por obstaculizar en el Legislativo casi cualquier otra discusión pendiente, en perjuicio de la población en general.
Pero mientras, el diálogo entre el Ejecutivo y los capitanes de la iniciativa privada local ya dio un resultado positivo: que el gobierno anuncie un estímulo inmediato para micro y pequeños empresarios, quienes podrán reducir de inmediato el incremento al ISN; en otras palabras, las empresas con menos de 50 empleados y menos de 4 millones de pesos en ventas anuales, no enfrentarán un aumento del impuesto, pero sí tendrán que presentar su declaración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal.
Al final, menos de mil empresas en el estado tendrán que cubrir el aumento al ISN. El argumento de que el impuesto orillaría a los negocios a pasar a la informalidad, se contrarresta ofreciendo programas de créditos precisamente para que los emprendimientos, al igual que las micro y pequeñas empresas que se encuentren operando de esta manera, pasen a la formalidad, lo que implica que cumplan con la parte que les corresponda como obligación fiscal. Esto, en otras palabras, es tomar medidas para el emparejamiento del piso, combatiendo la competencia desleal mediante incentivos fiscales y acceso al financiamiento.
Así, la discusión de la ley de ingresos para 2026 debe destrabarse en el Congreso, siendo que el principal desacuerdo se ha discutido y negociado con quienes se preveía eran los principales afectados, que también recibirán beneficios con las medidas de simplificación administrativa que se echarán a andar, y las cuales son también resultado del diálogo entre los empresarios y el gobernador.
Ahora, es una realidad que para que la entidad cuente con recursos propios es necesario ampliar la base impositiva; que cada vez más personas aporten al erario estatal. El ISN es crucial para el erario yucateco pero, si se requiere promover obra pública, mejorar los servicios públicos, las carreteras, contar con dinero para entregar becas a estudiantes, atender a la población con discapacidad, y, por supuesto, hacer viable el sistema de transporte público, la carga no puede aumentarse sólo a los contribuyentes habituales, ya de por sí cautivos. En el futuro habrá que echar mano de las herramientas fiscales que se tienen ya establecidas y que igual podrian funcionar para desincentivar el daño al medioambiente: ahí están los impuestos ecológicos, que bien pueden aplicarse a la emisión de gases a la atmósfera, a la descarga de contaminantes al suelo, subsuelo y océano, al igual que la extracción de agua. Es cuestión de demostrar que la inteligencia puede diseñar cargas fiscales novedosas, efectivas, y que no afecten a los de siempre.
Edición: Estefanía Cardeña
