Tras un cuarto de siglo

Tengo que comenzar diciendo que resulta admirable y estimulante el imbatible optimismo y el regocijado entusiasmo con que el comisionado nacional de áreas naturales protegidas, doctor Pedro Álvarez Icaza Longoria, habla de los logros y los retos de la comisión que encabeza. El cinco de junio de este año, la CONANP cumplió su primer cuarto de siglo: veinticinco años de consolidación institucional, aciertos, tropiezos, golpes más o menos arteros, traspiés, retrocesos, empobrecimiento y sobre todo, resiliencia, compromiso y claridad en la misión y los objetivos.

Han sido veinticinco años de lucha en condiciones frecuentemente adversas. Una comisión que es un organismo desconcentrado, sumida en un arreglo institucional que frecuentemente la juzga incómoda e innecesaria, suele ignorarla o despreciarla, tiende a regatear los recursos que requiere para cumplir eficazmente con la misión que se le ha conferido y al parecer la considera como una suerte de graciosa concesión a un sector de la sociedad poco apreciado por los círculos del poder, pero que tiene una voz potente frente a la comunidad global. De no ser por el franco respaldo de la comunidad científica, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, algunas organizaciones de pueblos originarios, y organismos de la comunidad multilaterales, las instituciones convencionales del estado mexicano habrían preferido prescindir de la CONANP. Este remar contra corriente se ha venido dando bajo la égida de administraciones de la derecha convencional y rancia, el neoliberalismo tricolor, o las que han abanderado la llamada cuarta transformación de la vida nacional. Comparten cuando menos el desdén hacia la protección eficaz del patrimonio natural de nuestro país.

Pedro Álvarez ha recibido con entusiasta regocijo el encargo de conducir y fortalecer la comisión, con una trayectoria que lo convierte en un conocedor de las entretelas de los procesos de desarrollo que comprometen la calidad del ambiente (fue director general de impacto ambiental) y en un paladín de la salvaguarda de la riqueza biológica de México, en virtud de su paso por la CONABIO, donde condujo el establecimiento y operación de la porción mexicana del corredor biológico mesoamericano. Sus credenciales le otorgan una importante credibilidad, pero también le obligan a lograr avances apreciables. Los bisontes americanos, el abatimiento de la tala clandestina en la reserva de la mariposa monarca, y la disposición comunitaria para trabajar en acuerdo con la CONANP en los Chimalapas, son elementos que apuntan en la dirección correcta.

Pero, aunque no quiero ser un aguafiestas, sí debo dejar en claro que las cosas están muy lejos de resultar la miel sobre hojuelas que el comisionado parece querer ver. Las áreas protegidas de México enfrentan numerosos obstáculos y retos, que pueden seguir resultando insalvables en la medida en que los recursos dedicados a la operación del sistema siguen siendo insuficientes. En varias de las áreas de conservación, el dinero destinado para su manejo se mide a razón de centavos por hectárea; y aunque concuerdo con el Doctor Álvarez en que el personal en territorio es admirable – casi diría, heroico – se queda siempre corto para cumplir con los requerimientos de implementación de proyectos, monitoreo de especies y procesos, gestión, educación ambiental y, en general, administración de las áreas. Son pocos, enfrentan una permanente escasez de equipos y herramientas, y suelen depender de la colaboración de ONG y centros e institutos de investigación y educación superior, que suelen ver en los guardaparques y cuadros técnicos de las áreas, más a prestadores de servicios logísticos y de apoyo, que a pares colaboradores. Frecuentemente, la información generada por estos equipos de conservacionistas, estudiantes e investigadores no vuelve al área donde se obtuvo para contribuir a consolidar su manejo. A esto hay que añadir, como agravante, el hecho de que la propia debilidad financiera de la CONANP ha obligado a encargar la dirección de varias áreas a un solo funcionario, cosa que no contribuye precisamente a la eficiencia de la operación. Ante este panorama, no resulta sorprendente la respuesta que reciben quienes ofrecen a la comisión proyectos pertinentes al manejo de las áreas: apenas si se tienen los recursos suficientes para sostener la nómina.

A pesar de todo, la CONANP sigue empeñada en cumplir la meta comprometida en el acuerdo de Kunming-Montreal, de alcanzar un total de 30 por ciento del territorio nacional sometido a algún régimen legal de protección. El riesgo de una meta como esta es que, como sucedió con Colombia, acaben decretándose como protegidas áreas que no lo están o que incluso no tendrían por qué sujetarse a algún tipo de conservación, Aquí, Pedro Álvarez Icaza tiene razón en buena medida cuando dice que hay que explorar con seriedad la figura de corredores biológicos (e incluso, bio-culturales), que podrían servir para fortalecer la conectividad de flujos genéticos y de servicios ambientales entre áreas convencionales de conservación, como parque o reservas. También habría que robustecer figuras como las áreas privadas voluntariamente destinadas a la conservación (que no aumentan el costo de la conservación desde el ejecutivo federal) y los refugios pesqueros; pero, sobre todo, sería importante poner atención a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (las famosas UMA). En estos tres casos, antes de reportarlas como parte de la superficie protegida nacional, o promover la creación de nuevas, habría que evaluar técnicamente las que ya se han creado, lo que seguramente obligará a ajustar las cifras. Una evaluación así cuesta dinero, y a quienes la han propuesto se les ha dicho que no hay recursos suficientes.

Un último, breve comentario: el comisionado ha dicho que le incomoda el término de “reserva”, y recuerda a las que se hicieron en los Estados Unidos para completar el despojo de la tierra de los pueblos originarios. Le sugeriría a Pedro revisar de nuevo el concepto del modelo mexicano de reserva de la biosfera, propuesto por el Doctor Gonzalo Halffter, que contempla un modelo de conservación que reconoce los derechos de los residentes locales, y descansa en el trabajo conjunto con ellos para el manejo eficaz y exitoso.

Edición: Fernando Sierra