Opinión
La Jornada
10/12/2025 | Ciudad de México
Al margen de las formas groseras y de la insistencia patológica del magnate en resolver cualquier asunto mediante intimidaciones y amenazas, Washington tiene razón, en principio, en reclamar a sus contrapartes la entrega pendiente de agua en virtud del tratado en la materia firmado en 1944, en el cual se estipula que cada año Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos del líquido del río Colorado a México, mientras éste ha de entregar 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo. De acuerdo con las autoridades estadunidenses, se les adeudan más de mil millones de metros cúbicos correspondientes al quinquenio pasado, una falta que ciertamente perjudica su amplia actividad agrícola en la franja fronteriza.
La actual crisis es resultado de una histórica disminución en el caudal del Bravo, que ha caído hasta 60 por ciento en comparación con los promedios registrados antes de la década de los 50, así como de la grave sequía que padece el norte de México en años recientes. Durante el pico de la aridez en 2022-2023, 75 por ciento de territorios claves enfrentaron sequía de severa a extrema, y en 2024-2025 todavía superaron 60 por ciento. Esta combinación de los estragos causados por el cambio climático y de las alteraciones al flujo natural por la construcción de represas y la sobrexplotación hídrica permite anticipar que el problema se agravará en el futuro, aumentando las tensiones bilaterales si no se elabora un nuevo tratado acorde con la realidad: es evidente que no puede sostenerse un volumen de envíos establecido en una época de condiciones ambientales, productivas y demográficas totalmente distintas de las actuales.
Trump y su gabinete ayudarían mejor a su propia causa si, en lugar de emitir declaraciones destempladas, aprovecharan la buena voluntad de sus análogas mexicanas para encontrar salidas favorables a ambas partes. Por ejemplo, podrían proporcionar apoyo técnico con el fin de ampliar las capacidades de extracción y traslado de agua de las que dispone México y que suponen un límite al volumen que puede entregarse. Asimismo, harían bien en recordar que mucha de la producción agrícola del norte mexicano es conducida por empresas estadunidenses y sus productos se destinan a ese mercado, por lo que está fuera de lugar pretender que es México como nación la que consume los recursos hídricos disputados.
Edición: Estefanía Cardeña
