Caso Casar: ¿se reanuda o se congela?

La fiscalía federal a cargo de Ernestina Godoy deberá decidir si retoma con prontitud y firmeza el expediente de la presunta responsabilidad de María Amparo Casar (y dos personas más) por una pensión vitalicia de Pemex que le fue adjudicada de manera presurosa, irregular y supuestamente delictiva, o condena tal caso a la gaveta de los asuntos a congelar.

La disyuntiva tiene como marco la decisión de una jueza que hoy debería realizar la primera audiencia relativa al caso, pero la ha cancelado no yendo al fondo del asunto, sino planteando que no le corresponde llevarlo, pero sí otro juzgado con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (ante el cual se habían realizado previos actos de investigación sobre el mismo tema). Por tanto, la juzgadora resolvió regresar el expediente a la Fiscalía General de la República para que, a su vez, lo renvíe al juzgado que le han indicado.

Desde luego, la oficina a cargo de Godoy puede cumplir una función casi de simple mensajería: tomar el expediente, con los debidos protocolos, y encauzarlo al nuevo domicilio. Es decir, no se ha cancelado la posibilidad de acción penal contra Casar ni debería haber retroceso o pausa procesal alguna.

Pero la propia FGR, en un comunicado oficial, acusó recibo de la protesta que una corriente de periodistas, comentaristas e intelectuales ha expresado sonoramente al considerar que el caso de Amparo Casar es venganza política, persecución a una opositora y atentado contra la libertad de expresión.

Por ello, la fiscala Godoy planteó que el “Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones han señalado erróneamente”. Es decir, se precisa que la responsabilidad de ese procesamiento es del anterior titular, Alejandro Gertz, y que debe ser revisada, a efecto de que cumpla con los requisitos de legalidad.

La presidenta de la República, en su conferencia matutina, también sostuvo una postura elástica: quien detonó el asunto fue el anterior habitante de Palacio Nacional y el tema penal debe ser precisado por la FGR. Ya se verá si las cuidadosas expresiones de la fiscalía y la Presidencia corresponden a un ánimo de afinar acusaciones, para que no se caigan, como solía suceder con Gertz, o significan el adelanto de un ánimo conciliador, apaciguante, con la corriente defensora del caso de la ex coordinadora de asesores de Santiago Creel en la secretaría foxista de Gobernación.

En el Congreso de la Ciudad de México se suscitó ayer una serie de jaloneos y confrontaciones entre diputadas, principalmente de Morena y el Partido Acción Nacional, a propósito de las reformas legales que extinguen el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (conocido como InfoCDMX) y adjudican tales funciones a un órgano descentralizado, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

El motivo principal de la escandalosa escaramuza fue, según el partido blanquiazul, el rompimiento de un acuerdo con el guinda para que el nuevo esquema de transparencia y conexos dependiera de una fórmula colegiada, tripartita, lo cual habría sido incumplido a última hora para tratar de imponer una conducción individual, que sería decidida por Morena y sus aliados.

Aun cuando ciertamente se viven momentos de constante tensión política y de enorme facilidad para transitar senderos propicios para el choque, lo acontecido ayer quedó más para el natural consumo mediático (los jalones de cabello, como ingrediente más llamativo); en todo caso, pendiente de resolverse el punto central relacionado con la manera en que se gestionarán las venideras solicitudes de transparencia y temas correlativos. ¡Hasta mañana!

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Edición: Ana Ordaz