Opinión
La Jornada
19/12/2025 | Ciudad de México
Ayer, después de más de 18 años, llegó a su fin la
huelga de la mina de Cananea, una de las más largas de la historia del país. En asamblea general realizada en el recinto de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, los trabajadores aprobaron por unanimidad los términos de un acuerdo definitivo, que se enmarca en el Plan de Solución Integral elaborado con la participación del gremio y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. En virtud del acuerdo, los más de 650 trabajadores y sus familias, así como las viudas de los 53 mineros fallecidos en pie de lucha, recibirán las liquidaciones correspondientes, pensiones y serán incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La historia de las casi dos décadas del conflicto puede leerse como una descripción cruda del maridaje entre el poder económico, el judicial y el político durante el periodo neoliberal. La huelga fue estallada en julio de 2007 por los trabajadores debido a las graves fallas en materia de seguridad e higiene, las violaciones a sus contratos colectivos de trabajo y los ataques a su sindicato por parte de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el mismo que en febrero de 2006 se negó a hacer cualquier esfuerzo para entregar a los deudos los cuerpos de los 65 fallecidos en el tajo de Pasta de Conchos. De hecho, la persecución desatada contra el sindicato por la denuncia de homicidio industrial contra el consorcio fue uno de los principales detonantes del movimiento obrero. La Junta de Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se apresuró a declarar inexistente la huelga para facilitar a Larrea la reapertura de la mina con esquiroles bajo el manto de un sindicato de protección.
El 21 de abril de 2010, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la inexistencia de la huelga y el 6 de junio de ese año la Policía Federal envió 4 mil elementos a tomar por asalto Cananea y desalojar a los titulares legítimos del contrato colectivo, acto de barbarie justificado por el secretario de Trabajo del calderonato, Javier Lozano Alarcón. Toda la fuerza del Estado fue empleada como bufete jurídico y fuerza de choque al servicio del magnate, como había ocurrido en el sexenio de Vicente Fox y continuaría con Enrique Peña Nieto.
Al ver cerradas las vías para defender los derechos de sus agremiados dentro del país, el Sindicato Minero elevó el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 2012, pero ésta admitió la queja a trámite hasta 2021, una dilación tan significativa como la que tuvo lugar en el asesinato y violación de Ernestina Ascencio Rosario, del que se dio cuenta en este espacio apenas antier. Para entonces, el ciclo neoliberal había dado paso a la Cuarta Transformación y el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no esperó a que el expediente fuese turnado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino que abrió el proceso de resolución amistosa culminado ayer. Se trata de un logro histórico cuya dimensión se agranda cuando se considera que fue precisamente en Cananea donde la brutalidad del régimen de Porfirio Díaz contra los mineros en 1906 encendió un anhelo de justicia que estalló cuatro años después en la Revolución mexicana.
Sin embargo, la feliz resolución obtenida por los mineros no puede borrar el enorme daño que sufrieron por las malas prácticas de Grupo México y la complicidad de políticos y jueces con la empresa. Decenas de ellos murieron esperando la justicia, cientos de vidas quedaron en suspenso y comunidades enteras perdieron toda fuente de ingresos porque cinco personas, los integrantes de la segunda sala de la SCJN, se pusieron del lado del dinero, ignorando la ley y con una falta de sensibilidad pasmosa.
Las sentencias aberrantes de los tribunales a favor de la transnacional seguirían hasta hace unos meses, cuando se restauró la legalidad y la protección a los obreros. Para colmo, el fallo de 2010, que disolvió de manera arbitraria el vínculo laboral entre Grupo México y sus empleados, trasladó el costo de la indemnización al Estado mexicano, lo cual supone un recordatorio del saqueo duradero a las arcas públicas que constituye el centro del ideario y la praxis neoliberales.
Edición: Ana Ordaz
