Opinión
La Jornada
24/12/2025 | Ciudad de México
El representante permanente de México ante la ONU, el embajador Héctor Vasconcelos, subrayó que el aumento en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y el despliegue por parte de Washington de fuerzas militares frente a costas venezolanas “representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional”, y reiteró que nuestro país se pronuncia en favor de una solución pacífica, democrática y negociada en torno al conflicto, pues “preservar nuestro espacio de convivencia pacífica es un imperativo no sólo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional”. Como remarcó Vasconcelos, corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político y Naciones Unidas deben “contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo” y “generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.
El discurso del diplomático refleja de manera inequívoca una postura gubernamental serena y firme, basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana, la que a su vez se rige por la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Con sus palabras y su renovado ofrecimiento de las capacidades mexicanas para facilitar el diálogo, la mediación o el acompañamiento a las partes, el embajador reafirmó el papel histórico de México como una fuerza de paz, de soluciones mediante el diálogo y de contención frente a la agresividad de Washington.
Esta postura es de un valor especial en momentos en que el trumpismo redobla su apuesta por imponer regímenes títeres en toda América Latina y expresa sin tapujos que su interés en Venezuela no tiene nada que ver con la democracia ni con el bienestar del pueblo venezolano, sino con la obsesión de apoderarse de las mayores reservas petroleras del planeta. En este sentido, el bloqueo total ordenado por Donald Trump contra la nación caribeña constituye, además de una hostilidad injustificable, una violación masiva a los derechos humanos y un homicidio, como ha quedado claro gracias a estudios que muestran el impacto de las sanciones ilegales impuestas por Occidente sobre la población civil. Por otra parte, el posicionamiento mexicano brinda un camino de sensatez cuando Caracas responde a la violencia imperial con gestos más simbólicos que efectivos, como la ley que condena la piratería, la cual ya se encuentra prohibida y sancionada por la legalidad internacional.
Cabe esperar que la ONU y los demás organismos multilaterales pertinentes atiendan el exhorto a cumplir con las tareas para las cuales fueron creados; en primer lugar, preservar la paz y cortar las tentaciones colonialistas. Después de la complicidad de Washington, Londres y Bruselas en el genocidio en curso que Tel Aviv perpetra contra el pueblo palestino, las instituciones referidas no pueden permitirse un nuevo fiasco en detener la amenaza contra Venezuela, so pena de exhibir su irrelevancia o, peor, su participación en el establecimiento de un orden basado en la ley del más fuerte.
Edición: Ana Ordaz
