''Terrorismo'', dos acusaciones

Para cerrar un año en el que se multiplicaron los amagos y acciones judiciales contra periodistas en diversas partes del país, en Veracruz le retiraron a Rafael León Segovia, especializado en asuntos de la fuente policiaca, la insólita y aberrante acusación de terrorismo, pero de una manera igualmente sobredimensionada y con tufo a venganza por parte de poderes locales, se le dictó prisión domiciliaria hasta por un año en espera de que se resuelva si es responsable de delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

León Segovia fue detenido el pasado día 24 por policías estatales, en coordinación con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo un señalamiento principal que a la propia presidenta Sheinbaum le causó extrañeza y la llevó a pedir esclarecimiento: terrorismo, concepto sumamente eludido por autoridades mexicanas por cuanto tal tipología pretende ser enjaretada por el trumpismo como uno más de los pretextos en busca de intervenir en México.

La Presidenta señaló que ese tipo de acusaciones no se había producido en México y que debería respetarse la libertad de expresión; luego de ello, la fiscal veracruzana, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y la gobernadora Rocío Nahle, que habían justificado la acusación de terrorismo, recularon, pero el juez José Guadalupe Nucamendi Albores impuso al periodista prisión domiciliaria por un año para desahogar el proceso penal.

Los argumentos para sujetar a proceso al periodista son grotescos. Conforme a lo reportado por Artículo 19, para la autoridad, dar a conocer a la sociedad información sobre un acontecimiento constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo. Es decir, bajo el argumento de que Rafael “llegaba antes” a cubrir la nota, la fiscalía está buscando criminalizar su trabajo (...) De forma inverosímil, las coberturas periodísticas de Rafael y la eficiencia con la cual hace su trabajo fueron argumentadas por la fiscalía como supuestas “pruebas” de hechos ilícitos. Aún más absurdo, se le imputa no reportar o denunciar a las autoridades “el conocimiento que tiene de supuestos hechos delictivos”.

Vale decir que este caso no es el primero en que en tiempos recientes hay acusación por terrorismo. El 20 de junio del año que hoy termina fue detenido en San Luis Potosí el abogado Miguel Ángel Guzmán Michel, catedrático de la universidad pública estatal y activista y representante legal de varios movimientos populares, en especial en defensa de comunidades donde se han encontrado yacimientos de oro y se les pretende desalojar, y contra el caciquismo y charrismo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Guzmán Michel estuvo preso tres meses, en malas condiciones, y fue liberado gracias a gestiones de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, según relató. Lo acusaban de haber colocado en 1997 bombas en instalaciones de Pemex de Chiapas y otras partes del país: “yo no sabía qué había hecho esos días; es casi imposible recordarlo. Me dijeron que había un testigo protegido que me había señalado”. Finalmente, pudo demostrar que en las fechas de las acusaciones estaba dando clases en SLP.

En Puebla, en tanto, el gobernador marinista-morenista Alejandro Armenta sigue acusando en falso al periodista Rodolfo Ruiz, a quien le desempolvaron un expediente de cinco años atrás para sujetarlo a proceso judicial. Ya antes, Armenta había ofendido a Ruiz con base en mentiras, pues éste no escribió un texto que a aquel le llevó a pedir incluso que la fiscalía estatal lo investigara. Ahora ha dicho que la secretaria federal de la mujer, Citlalli Hernández, le habría mencionado críticas de Ruiz que éste nunca escribió. En semanas, dicho periodista sabrá si lo encarcelarán por las acusaciones desempolvadas.

Y, deseando esta columna a sus lectores y familias un feliz año nuevo, ¡hasta el viernes!

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Edición: Ana Ordaz