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Foto: Omar García Harfuch

Integrantes del Ejército, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Buenavista, Michoacán, a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, cabecilla del grupo Los Blancos de Troya, considerado autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, el 20 de octubre del año pasado. De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, la aprehensión de Sepúlveda Arellano afecta significativamente las operaciones de su organización, uno de los principales grupos delictivos generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, e impacta las actividades de los grupos identificados como Los Viagras y células del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), con quienes mantenía una sociedad.

El arresto, precedido por las detenciones de individuos claves en la estructura criminal de El Botox, constituye una prueba más de la voluntad política empeñada por las autoridades federales y estatales para reducir los índices delictivos en Michoacán, entidad históricamente asolada por cárteles y células debido a su carácter estratégico como zona de trasiego, a la naturaleza binacional de las poblaciones por décadas de migración hacia Estados Unidos, a las actividades agrícolas susceptibles de explotación ilícita (en particular, los cultivos de aguacate y limón) y a la aguda pobreza que facilita el reclutamiento de jóvenes carentes de perspectivas en la economía legal.

Desde el lanzamiento del Plan Michoacán, en noviembre pasado, se ha detenido a más de un centenar de generadores de violencia, se ha decomisado armamento, han tenido lugar confiscaciones históricas de estupefacientes, así como la destrucción y el desmantelamiento de narcolaboratorios y otras instalaciones. Además, se han desplegado programas sociales específicos para la región, los cuales dan continuidad al plan del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para atajar las causas profundas del fenómeno delictivo, al que ya no se entiende como la enfermedad, sino como un síntoma de la pobreza, la marginación, la desigualdad y la desintegración del tejido social inducidos por el neoliberalismo.

La pertinencia de este enfoque humanista comenzó a reflejarse desde el sexenio anterior, en el que se logró frenar el aumento descontrolado del crimen organizado que generó el calderonato y contra el que nada se quiso o nada pudo hacer el peñismo. Vale recordar que Felipe Calderón recibió de su antecesor y correligionario, Vicente Fox, un país donde se cometían alrededor de 10 mil homicidios al año, y legó a su sucesor, Enrique Peña Nieto, una catástrofe humanitaria en la que ya perdían la vida de manera violenta casi 26 mil personas anualmente. El primer año del priísta en Los Pinos se saldó con 23 mil 63 homicidios, y el último, la cifra alcanzó 36 mil 685. En contraste, López Obrador recibió un escenario de más de 36 mil homicidios anuales y cerró seis años después con 33 mil; una cifra trágica, pero que supuso el tan anhelado punto de inflexión en una tendencia hasta entonces creciente.

El propio Michoacán registró en 2025 la cantidad de homicidios más baja desde 2016, dato que evidencia un esfuerzo de seguridad pública previo al gran despliegue efectuado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en el penúltimo mes del año. Con estos antecedentes, queda claro que el intento de capitalizar el crimen contra el edil a fin de desestabilizar al gobierno federal fue parte de la permanente campaña de las derechas mediáticas, políticas y corporativas para instalar una narrativa de crisis y caos que simplemente no coincide con la realidad. En ése y otros episodios se ha evidenciado que la táctica central de dichos sectores consiste en tomar sucesos lamentables pero puntuales y presentarlos como prueba de un deterioro imaginario.

Más allá de la falta de ética de quienes no titubean en revictimizar a los afectados y engañar a la sociedad para impulsar sus agendas personales y de grupo, la importancia de rechazar tales bulos radica en que creerlos podría llevar al abandono de una estrategia de seguridad que entrega resultados reales, verificables e históricos en la construcción de la paz que la ciudadanía exige.


Edición: Ana Ordaz


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