Opinión
La Jornada Maya
26/01/2026 | Mérida, Yucatán
Existe una enorme discrepancia entre lo que se exige de un servidor público de alto nivel y lo que se considera que necesita para desempeñar debidamente el cargo. En cierta medida esto se basa entre la experiencia cotidiana del ciudadano común y lo que éste percibe como lujos y privilegios para una burocracia dorada. Tal vez el mejor ejemplo sea la idea bastante extendida de que los servicios de salud pública mejorarán radicalmente si se obliga a diputados, senadores, jueces, magistrados y demás autoridades electas a recibir atención médica en estas instituciones mientras están en funciones.
Este fin de semana se hizo público que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) cuyos ministros tomaron posesión el 1 de diciembre pasado, renovó su parque vehicular mediante adquisiciones, y esto incluyó nueve camionetas blindadas marca Jeep modelo Cherokee, con valor de 2.4 millones de pesos cada una, presuntamente para que cada integrante contara con una para uso exclusivo. El viernes pasado, la SCJN difundió una tarjeta informativa en la cual se indica que la determinación de adquirir vehículos nuevos “contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales (?), concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.
La nota agrega que “dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos [los asignados a los ministros], por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente -cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras -para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”.
Escandaliza el monto a erogar, e igualmente que esos vehículos hayan estado destinados al traslado de cada ministro; que resulten una prestación ostentosa cuya finalidad es evitar el desgaste y deterioro de sus autos particulares y, en cambio, sea la nación la que termine por pagar su comodidad y seguridad. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ha salido a señalar que en la SCJN “no hacemos oídos sordos” a la crítica e incluso señaló que podrían trasladarse en el transporte público.
Aguilar Ortiz deja solamente dos opciones: o la ostentación o el espectáculo de la austeridad pretendida. Pero, por otro lado, existe una realidad que sí viven jueces y magistrados federales e incluso personal operativo del Poder Judicial de la Federación, en juzgados y tribunales en los que se llevan causas contra integrantes del crimen organizado. La protección es, pues, una necesidad. La pregunta adecuada debe ser entonces cuál es el nivel que se requiere de acuerdo a las condiciones económicas del país. O para recurrir a los términos de la 4T, responder a cuál es la justa medianía.
La austeridad, bien entendida, nunca será un acto simbólico; pero sí debe contarse con un piso mínimo de garantías a la seguridad; por lo menos tantas como las que deben ofrecerse en los edificios públicos, que deben cubrir a quienes trabajan y a quienes acuden a ellos. La seguridad no es un lujo, pero la ostentación es innecesaria.
Ahora, la exhibición de la austeridad, cuando se gana una cantidad muy próxima a la que recibe la titular del Ejecutivo, recurriendo al traslado en autobús o Metro, es también una exposición al peligro. El propio Aguilar Ortiz indicó que los ministros acuden a varios lugares en todo el país, y entonces resultaría correcto que cuenten con alguna protección. Tampoco se trata de que se trasladen en vehículos compactos, sino en unos adecuados que cumplan con especificaciones técnicas y sí, con blindaje. Se trata, en suma, de asegurar la continuidad de la vida institucional.
Edición: Estefanía Cardeña
