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El Congreso de Perú aprobó ayer una moción de censura contra el presidente interino José Jerí por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. El ahora ex mandatario llegó al poder hace apenas cuatro meses, después de que el Parlamento que presidía destituyera a su antecesora, Dina Boluarte. Hoy los legisladores votarán para elegir a un nuevo jefe del Ejecutivo, quien completará el periodo que termina en julio y será sucedido por quien gane las elecciones a celebrarse en dos meses, con lo que la nación andina alcanzará la cifra de nueve presidentes en una década.

La destitución de Jerí es la caída de alguien que nunca debió haber llegado a la máxima magistratura, así como una fotografía del nivel de descomposición que aqueja a Lima. Por una parte, el político es indefendible: en sus semanas escasas al frente del país, asistió encapuchado a reuniones clandestinas con un empresario contratista del gobierno; recibió en Palacio a otro hombre de negocios que se encontraba en arresto domiciliario, contrató a entre cinco y 11 mujeres jóvenes sin otro mérito aparente que haberse reunido en privado con él, e inventó pretextos absurdos para estas conductas. Por ejemplo, aseguró que se vio con un empresario porque deseaba comprar caramelos en el almacén mayorista del que éste es propietario. Antes de convertirse en presidente ya se le había acusado de usar su papel en la Comisión de Presupuesto para el cobro de sobornos, además de un caso de violación por el que estaba obligado a someterse a tratamiento sicológico.

Al mismo tiempo, el Congreso que lo destituyó no está menos manchado. Además de los múltiples señalamientos que arrastran sus integrantes, el procedimiento para remover a Jerí estuvo viciado de origen. La Constitución otorga al Parlamento la facultad de “vacar” la Presidencia, pero para hacerlo debe declarar la “incapacidad moral permanente” de su titular, lo cual requiere una mayoría calificada de 87 votos. En cambio, la moción de censura instrumentada contra Jerí sólo necesita una mayoría simple, pero no es un mecanismo válido para acabar con un gobierno. Por lo tanto, quien sea elegido hoy para remplazarlo será ya el tercer presidente en línea que encabece una administración de facto, situación en que se encuentra la nación andina desde el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Quien gane las elecciones del próximo 12 de abril difícilmente llegará a la Casa de Pizarro con una legitimidad restaurada, puesto que la corrupción, el tráfico de influencias y el uso faccioso del poder corroen a todas las instituciones y salpican a la casi totalidad de la clase política que ha sido partícipe y beneficiaria de la inestabilidad y la cancelación de la democracia.

Desde México, es imposible olvidar la hostilidad de los gobiernos ilegítimos de Boluarte y Jerí contra nuestro país. Desde el 3 de noviembre de 2025, las relaciones diplomáticas se encuentran rotas por la ineptitud del ex gobernante para entender el derecho internacional humanitario en el marco del cual las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo han acogido a víctimas del autoritarismo. Si bien el alejamiento con esos regímenes autoritarios no ha afectado la fraternidad con el pueblo peruano, cabe desear un pronto regreso de Perú a la democracia que permita una mejoría en la vida de sus habitantes y una recuperación del vínculo bilateral.


Edición: Ana Ordaz


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