Opinión
La Jornada
19/02/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer que enviará al Senado una iniciativa de reforma constitucional para eliminar pensiones millonarias de ex funcionarios de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. En todos los casos, se limitarán únicamente las jubilaciones de personal de confianza, no de trabajadores que hayan contado con contratos colectivos y cuyos retiros están contemplados en las condiciones generales de trabajo. Asimismo, la reducción surtiría efecto una vez que entre en vigor la nueva legislación, pero no se pedirá –porque la ley no lo permite– a nadie que devuelva los fondos recibidos hasta ese momento.
Como ya se había informado en agosto pasado, las dos instancias donde se presentan más casos de pensiones exorbitantes son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC). En esta última, existe al menos un caso de pensión superior a un millón de pesos mensuales, así como decenas que rebasan 700 mil pesos, mientras en Pemex hay 15 con más de 350 mil. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló los abusos más flagrantes: mil 457 ex funcionarios de LFC reciben pensiones de más de 100 mil pesos mensuales; en Pemex 544 personas reciben montos superiores a las percepciones de la Presidenta (134 mil pesos mensuales), y en la Comisión Federal de Electricidad hay 2 mil 199 ex funcionarios en esta situación. Entre Nafin, Banobras y Bancomext se suman otros 50 casos, no necesariamente porque en estas instituciones se hayan cometido menos excesos, sino porque poseen plantillas mucho más reducidas que las petroleras y las eléctricas. Los ejemplos más escandalosos se refieren a ex directores de CFE y Pemex que reciben más de 300 mil pesos mensuales por haber laborado apenas un par de años.
Con las modificaciones propuestas al artículo 127 constitucional, todas estas pensiones se toparán a la mitad del sueldo de la persona titular del Ejecutivo, es decir, a poco más de 70 mil pesos mensuales.
De acuerdo con la presidenta, esta racionalización del gasto público permitirá un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales que se destinará a reforzar programas sociales. Aunque el monto representa apenas 0.31 por ciento del billón 611 mil millones de pesos destinados en 2025 al pago de pensiones contributivas por parte del gobierno federal, acabar con las pensiones injustificables de ex altos mandos constituye una medida de ética presupuestal, así como un acto de justicia para todos los mexicanos que con sus impuestos sostienen el funcionamiento del Estado y que tienen el derecho a exigir un uso responsable de los recursos públicos por parte de las autoridades.
La reforma, que los legisladores deben estudiar y votar sin dilaciones, supone también un cumplimiento del compromiso de austeridad y un avance de gran simbolismo en la lucha contra las desigualdades. En este sentido, es un reconocimiento a la inmoralidad de que el erario entregue cientos de millones de pesos cada mes a una burocracia dorada en un país donde muchas personas que trabajaron todas sus vidas subsisten con una pensión de adulto mayor de 38 mil pesos anuales. Por último, la existencia de las pensiones de lujo es un recordatorio de la desproporción, la injusticia y la corrupción que caracterizaron a la clase política neoliberal y de los motivos por los que sería catastrófico para el país retroceder a esa etapa.
Edición: Emilio Gómez
