Opinión
La Jornada
22/02/2026 | Mérida, Yucatán
La reacción de ese grupo del crimen organizado ha sido por demás violenta y extendida más allá de las fronteras jaliscienses; eso sí, concentrada en el occidente del país y sobre todo en carreteras, tiendas de conveniencia y algunas sucursales del Banco del Bienestar. Sin embargo, debe reconocerse que el estallido ha afectado a la población civil y desató una sicosis inédita, alimentada en las redes sociales. Esa sí repercutió en todo el país.
Los transportes en general, tanto por vía aérea como terrestre, también resultaron grandemente afectados. Tanto el traslado de pasajeros como el de carga resultó interrumpido, con
la cancelación de operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. En las carreteras, el panorama no ha sido tan simple. Solamente en Jalisco se llegaron a contabilizar 50 puntos en los que se impidió el tráfico, pero hay que agregar a Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, la frontera entre Oaxaca y Veracruz e incluso Chiapas y Quintana Roo. En cuanto a la vía marítima, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo anunció la suspensión de actividades hasta nuevo aviso.
La sicosis desatada tiene varios puntos dignos de análisis. El primero es si el Estado pudo calcular la reacción del CJNG con la suficiente precisión y puntualidad como para prevenir los ataques; de resto, ha sido una demostración de la logística y capacidad de fuego que tiene esa organización delincuencial. Si hay un fallo en la estrategia, lo que existe es una insuficiencia por parte del Estado. El éxito del operativo no radica en la eliminación de El Mencho, sino en evitar y controlar los daños efectivamente.
Hasta ahora, al cierre de esta edición, las fuerzas armadas nacionales y los cuerpos de seguridad estatales han ido controlando los brotes de violencia. Sin embargo, se libra también otro conflicto en las redes sociales, expresado en la difusión de noticias falsas. Aquí, la labor debe ser ir tras quienes crearon la información falsa y la difundieron. Cabe mencionar que esta acción llegó a más lugares, y la pregunta es quién se beneficia con hacer virales mentiras como el anuncio de suspensión de clases y la alteración del servicio de transporte público en Yucatán. Las redes han sido terreno minado para la información veraz, por lo que debe exigirse responsabilidad a quienes, en un contexto de violencia, se dedican a propalar falsedades. Posteriormente, llevar a cabo campañas de alfabetización digital dirigidas a evitar esta situación.
Cierto,
en siete entidades se anunció la suspensión generalizada de actividades escolares; pero esto es precisamente en donde hay mayores motivos de alarma, dada la cercanía de los hechos. Es momento, entonces, de la autoridad, que es la responsable de que la violencia reduzca en forma sostenida, así como de afirmar el control del territorio y la fortaleza de las instituciones. Lo que sigue es el enorme reto de desmantelar al CJNG y garantizar a la población aquello a lo que está obligado un Estado: seguridad en todos los ámbitos, acceso a la educación, vivienda, salud, justicia. Se trata de acabar con el miedo y quitarle al crimen toda posibilidad de financiarse y obtener prosélitos.
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Edición: Fernando Sierra
